Asamblea Extraordinaria de Ticul  A fin de buscar una salida a la anormal situación que prevalecía en Yucatán a comienzos de 1847, y en vez de que se celebraran auténticos comicios para la integración de un congreso popularmente electo, el gobernador provisional Domingo Barret optó por la convocatoria de una reunión a la que asistieron cincuenta y tres personalidades, nombradas oficialmente, así como el propio jefe del Ejecutivo, el titular de su Secretaría y algunos de sus consejeros, y a la que se llamó Asamblea Extraordinaria de Ticul por ser en esta villa donde se efectuó dicha junta, destinada a legislar sobre los cuatro puntos que siguen:

Primero: establecer las bases para la reorganización de la hacienda pública en todos sus ramos.

Segundo: reorganizar la fuerza pública.

Tercero: verificar definitivamente el arreglo de las rentas eclesiásticas.

Cuarto: adelantar o diferir la elección de los poderes constitucionales.

El 24 de mayo, bajo la presidencia de José María Meneses y figurando entre los asistentes personas de muy alta significación social de Mérida y Campeche, así como de los diversos distritos y departamentos, se iniciaron las sesiones de la Asamblea, en la primera de las cuales, en su discurso inaugural, el gobernador, anticipándose a los cuestionamientos acerca de la falta de solvencia legal de la reunión, puso empeño en subrayar, según consigna Serapio Baqueiro Preve en su Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864, que sólo se trataba de establecer unas bases en que pudiera apoyarse la administración provisional para remediar la violencia y malestar de la situación; que no se pretendía alterar los principios esenciales o constitutivos del sistema adoptado; y que se buscaría única y simplemente arreglos administrativos, económicos y locales. «Nuestras circunstancias —dijo finalmente— son verdaderamente críticas, y si nos empeñásemos en conducirlas por la vía común y ordinaria, ellas mismas, antes de poderlo lograr, acaso nos conducirán a nosotros de precipicio en precipicio, hasta estrellarnos en las dificultades, que se aumentarán en proporción de la inercia que es su verdadero pábulo». Después de que el presidente de la Asamblea apoyó con coincidentes argumentos la imperiosa necesidad de su celebración, expresando que «los males públicos llegan a veces a tal extremo, que obligan a un gobierno a recurrir a medidas extraordinarias para detener su curso impetuoso», Pedro de Regil y Estrada se pronunció en contra, considerando —cita Baqueiro— que la Asamblea era «ilegal, innecesaria, inoportuna y, sobre todo, ineficaz, en cuya virtud pedía que las resoluciones que se dictasen, sólo tuvieran el carácter de un simple consejo dado al gobierno del estado para obrar en favor del país si le pareciese bien». Desechadas las opiniones del señor de Regil, que sólo compartió, en medio de acalorados debates, Alonso Aznar Pérez, comenzaron los trabajos, a cuyo término se habían aprobado 14 decretos que Eligio Ancona en su Historia de Yucatán, enumera así: 1: determinando la dotación del culto y sus ministros; 2: estableciendo contribuciones sobre fincas y capitales, cultivo de la caña y cortes de palo; 3: imponiendo un decreto de cuatro por ciento sobre herencias y legados; 4: el presupuesto de la lista civil; 5: el de la militar; 6: el del ramo eclesiástico; 7: la tarifa de sueldos de la lista civil; 8: la de la militar; 9: subiendo el precio del papel sellado; 10: suspendiendo la emisión de papeletas y alcances de sueldos por la cuarta y sexta parte de los derechos de exportación; 11: suprimiendo varios empleos y oficinas; 12: estableciendo tres comandancias militares en el estado; 13: creando una fuerza permanente y estableciendo el modo de reemplazarla; 14: suprimiendo las fuerzas de caballería y marina.

«De todos estos decretos —expresa Eligio Ancona en su citada obra— solamente fue sancionado por el Ejecutivo, sin variación alguna, el que aumentaba el precio del papel sellado. Los 13 restantes fueron pasados al Consejo, el cual después de revisarlos, propuso la modificación de algunos y rechazó completamente los otros. Así, la Asamblea de Ticul, como habían previsto dos o tres de sus miembros, no tuvo en realidad otro carácter que el de un cuerpo consultativo; y aunque se trataron en su seno cuestiones de alta importancia, no ejerció en la marcha de la administración pública la influencia que hubiera sido de desearse, para introducir las reformas que demandaba la situación.

«Entre los decretos que expidió la Asamblea Extraordinaria, hubo otro que sancionó el Ejecutivo sin permitirse ninguna observación. Este fue el de 30 de mayo de 1847, en que se mandó hacer en toda la Península la elección de los poderes constitucionales, que hasta entonces había sido diferida, bajo el pretexto del malestar en que se encontraba el país. Señalóse para este acto el primer domingo de julio, y hubo necesidad de estrechar los términos legales a fin de que el gobernador, los diputados y senadores, pudieran comenzar a ejercer sus funciones en las épocas designadas por la Constitución de 1841. La elección se verificó en el día fijado por la convocatoria, y como era de esperarse, salió electo gobernador Santiago Méndez, cuyos adeptos ocupaban entonces los principales puestos en la administración pública. Perseguidos o confinados a Campeche los barbachanistas más caracterizados, no pudieron o no quisieron disputar la victoria a sus enemigos en el campo electoral». A esta Asamblea Extraordinaria asistieron las siguientes personalidades de la época:

Por Mérida: José Tiburcio López, José M. Meneses, Pedro de Regil y Estrada, Gerónimo Castillo y Alonso Aznar Pérez.

Campeche: Santiago Méndez, Joaquín Gutiérrez Estrada, Andrés Ibarra de León, José M. Celarain, José Cadenas y Policarpo M. Sales.

Tekax: José Domingo Sosa, Pablo Luján, Eusebio Escalante (Jr.), Manuel María Ayora y Manuel Ramírez Marín.

Izamal: Pablo Castellanos, Joaquín Cervera, Pilar Canto Zozaya, Francisco Evia y José Inés Reyes.

Valladolid: José Antonio García, Agustín Acereto, Victoriano Rivero, José R. Nicolín y Valerio Rosado.

Ticul: José V. Lizarraga, Felipe Peón y Buenaventura Guzmán.

Maxcanú: Lorenzo Peón.

Hecelchakán: Pantaleón Barrera, Eugenio A. Ortiz y José M. Lope.

Seibaplaya: Pablo Lanz y Marentes.

El Carmen: Cura Buenaventura Albert.

Peto: José María Mena, Joaquín Cetina, José María Domínguez y Francisco Suárez Guzmán.

Yaxcabá: José María Díaz y Eusebio A. Villamil.

Bacalar: Ángel Rosado.

Motul: Manuel A. Palma y Victoriano Moreno.

Tizimín: Domingo Navarrete, Juan Antonio Arjona y Manuel C. Villamor.

Espita: Roberto Ildefonso Rivas y Domingo Escalante.