Alcoholismo Considerado como una forma de drogadicción y al mismo tiempo un factor patógeno social y un problema de salud pública. En América, antes de la llegada de los españoles, se producía chicha (cerveza de maíz) en casi toda su extensión; en el norte de México se fabricaba mezcal de maguey y en el altiplano, pulque del maguey pulquero. En la Península de Yucatán se elaboraba y consumía el balché, también conocido como baal-té, que significa «árbol del demonio». Esta bebida resulta de la fermentación de una mezcla de agua y miel con fragmentos de corteza del mencionado árbol, que le dan olor, color y sabor característicos; su grado alcohólico es del 3 al 4% Gay-Lussac. En aquella época su consumo era enteramente ritual. Estaba autorizado solamente en las fiestas de carácter religioso y la embriaguez formaba parte del rito, tal como lo describe Landa: «En la fiesta de año nuevo, bajo el signo de Ix, todos tomaban una solemne borrachera pues era fiesta general y obligatoria». Las mujeres, generalmente, no bebían en las fiestas y ceremonias; cuando lo hacían, era aparte de los hombres o a solas. Había penas, aunque leves, para los transgresores de estas costumbres, pudiendo ser más fuertes los castigos cuando a la embriaguez se añadía escándalo en la vía pública, agresiones y otros delitos. A los que se emborrachaban frecuentemente, les quemaban su casa o se les expulsaba del pueblo. Las autoridades civiles y eclesiásticas se encargaban de vigilar el cumplimiento de sus disposiciones, de mantener el orden y de controlar la producción de esta bebida. Durante la Conquista y años subsiguientes, desarticulado el sistema político y religioso que tenían los indígenas, se perdieron los significados de la ingestión de bebidas alcohólicas, los reglamentos y castigos que frenaban su abuso y sobrevino un uso exagerado de ellas. Así ocurrió en toda la Nueva España, por lo que en 1529 se emitió un Decreto Real acerca de la fabricación del pulque y otro más drástico, en 1544, prohibiendo la elaboración y venta del vino de la tierra y que, a la vez, autorizaba la fabricación de cerveza en la ciudad de México. Esto dio base legal a las disposiciones del oidor Tomás López, quien visitó Yucatán en 1552 y calificó de falta grave desobedecer la prohibición de preparar brebajes de los usados por los indios para emborracharse, señalando fuertes penas para los violadores. Al mismo tiempo, los comerciantes españoles introducían a Yucatán cantidades cada vez mayores de vinos de uva, una parte de las cuales eran adquiridas también por los indígenas, aunque su alto precio limitaba, entre ellos, el consumo. En 1565, una arroba de vino (unos 12 litros) costaba 80 reales. Esto, aun para los españoles, resultaba caro. El 2 de mayo de 1567 el gobernador Luis de Céspedes y Oviedo expidió un edicto prohibiendo que se hiciesen colectas, derramas y juntas para comprar aguardiente, bajo pena de destitución del cacique que las mandase o permitiese hacerlas; que si necesitasen vino para sus enfermedades o para alguna fiesta o regocijo, pidiesen previamente permiso al gobernador o a un juez español y que sin este permiso nadie pudiese venderles vino ni aguardiente; al que transgrediese estas disposiciones se le castigaría con 100 azotes. En 1596, el gobernador Carlos Sámano y Quiñones hizo introducir a Yucatán sarmientos de vid que repartió entre indios y españoles con la intención, sin duda muy buena pero poco viable, de establecer el cultivo de la vid y la fabricación de vinos. Los indios acogieron la idea con entusiasmo. La uva, sin embargo, fue siempre algo agria y las dificultades del cultivo no fueron recompensadas con la perspectiva de buenas ganancias; los viñedos nunca llegaron a ser un ramo productivo, según relata Molina Solís. Durante el siglo XVII, en las posesiones españolas de las Antillas, sobre todo en Cuba y Jamaica, las plantaciones de caña de azúcar proveyeron de materia prima a los trapiches y destilerías que producían cantidades cada vez mayores de ron, cuyo uso comenzó a generalizarse, ya que era más barato que el vino, convirtiéndose en la bebida favorita del área caribeña, incluyendo Yucatán, donde a fines de ese siglo se introdujo el cultivo de la caña y también se comenzó a elaborar ron, que encontró buen consumo entre la población indígena, ya que los españoles preferían seguir tomando vino y brandy de uva. Según un reglamento del ramo, expedido el 20 de abril de 1789, los destiladores de aguardiente de caña pagaban un impuesto de dos pesos por cada barril. Además, para proteger esta incipiente industria, el 27 de junio de 1797 se expidió una Real Orden prohibiendo la introducción a Yucatán del aguardiente (ron) producido en Cuba, y sólo en casos especiales y por particular privilegio concedido a algún individuo, podrían entrar pagando un impuesto equivalente al 10% de su valor; las mieles de caña pagarían 20 pesos por cada pipa de seis barriles. Lo anterior se reiteró a las autoridades del puerto de Campeche el 27 de septiembre de 1805. En un folleto del año 1814 se dice que la caña dulce se siembra en el partido de la Sierra Alta (Tekax, Ticul, Akil, etcétera); sacándose azúcar tan blanca como la refinada de Jamaica, pero no siendo los planteles de gran cosecha, toda la invierten en panela o melado para destilar aguardiente, cuyo consumo es extraordinario. A raíz de la Independencia, se protegió y extendió el cultivo de la caña habiéndola no sólo en el área de Tekax, sino también en Valladolid, Tizimín y Hopelchén. De 1830 en adelante se calcula que se producían al año unas 12,000 barricas, de a 30 frascos cada una, siendo para el consumo unas 3,200 barricas y el resto para exportación. Esto hizo que las autoridades elevaran los impuestos, llegando en 1843 a ser de cinco pesos por barrica, pero ese año se desplomó el precio en el mercado bajando a cinco pesos la barrica; los productores ya no ganaban nada; los de Hopelchén, por ejemplo, se vieron orillados a quemar los cañaverales y los demás a no vender o no producir, con lo cual el gobierno dejó de percibir de 14,000 a 20,000 pesos al año. Esta conflictiva situación, que también hacía peligrar la producción de azúcar, determinó que el gobierno suspendiese el cobro del impuesto sobre aguardiente durante tres años. Se volvió a cobrar impuesto en 1846, pero al año siguiente, 1847, estalló la llamada Guerra de Castas, con la consiguiente quema de cañaverales y destrucción de las plantas de beneficio. Durante muchos años, los ingleses de Belice aprovecharon esas circunstancias para introducir en Yucatán, de contrabando, enormes cantidades de ron. Cuando ya a finales del siglo se volvió a sembrar caña en el área de Tekax y Peto, se multiplicaron los alambiques y la producción de ron.
Para tener una idea de las bebidas importadas que se ofrecían al público, valga el resumen de tres anuncios publicados en 1872: aguardiente de islas legítimo; ricos vinos de Tenerife: Samá de mesa, moscatel, vermut, rico coñac de copa y Villanueva; vino cariñena en cajas y en botellas. Vino tinto catalán, en cuarterolas, muy particular. Habanero legítimo, muy viejo. Vino Burdeos, de las mejores marcas. En cuanto a la cerveza, en 1886 había en la Plaza Grande de Mérida un kiosko en cuya planta baja se expendía cerveza importada. Es curiosa la noticia según la cual el gobierno del estado, por Decreto de 20 de agosto de 1887, asegura a José Quirico Rivera, vecino de Río Lagartos, la propiedad por el término de 10 años de una cerveza especial de su invención, denominada Modelo, conforme a la ley de 7 de mayo de 1832 y su reglamento de 12 de julio de 1852. No se supo más de dicha cerveza y cabe apuntar que el mayor obstáculo para el consumo de este tipo de bebida alcohólica era la dificultad de su refrigeración. En 1886 se fundó la primera fábrica de hielo y en un anuncio comercial del 26 de agosto de 1889 se proponen heladeras de 4 y 6 litros y refrigeradores marcas Víctor, Regal y Princess. Se sabe que ese año funcionaba en Mérida una cervecería instalada en un pequeño local, que luego se pasó a la esquina de las calles 63 x 70: totalmente reconstruido el edificio y con maquinaria nueva, fue la Cervecería Yucateca, fundada el 19 de enero de 1900; en 1904 produjo 30,000 cajas y 3,250 barriles; la caja se vendía a 3.90 pesos y el barril a 28 pesos; su fábrica de hielo anexa produjo 10,000 toneladas. En esa época elaboraba las marcas Pilsner y Estrella. En cuanto a la caña de azúcar, en 1906 había 109 fincas productoras, distribuidas por partidos así: Valladolid 56, Espita 35, Tekax 9, Tizimín 5, Peto 2 y Ticul 2. En conjunto producían anualmente 3,650 toneladas de azúcar y 3,500 de mieles para la fabricación de ron y otras bebidas. En Mérida, por ejemplo, la Casa Loría y Solís fabricaba habanero Huecho y anisado El Champión; en Valladolid se elaboraba el licor anisado llamado genéricamente x’tabentún, que se decía tenía por base la miel obtenida de las flores de la planta así denominada (turbina corymbosa L) que pertenece a la familia convolvuláceas . A propósito de los anisados que comenzaron a fabricarse a partir de 1875, Joaquín Dondé advirtió que se elaboraban a base de acetol y señalaba sus peligros. A principios de este siglo también se popularizó una bebida llamada mistela, que era aguardiente de caña con yerbabuena y que se preparaba en todas las cantinas. Al hacerse mayor la comunicación con Francia, se intensificó la importación de bebidas de ese país: vino, coñac, champán y ajenjo, consumidos por el público de elevado nivel económico. El alcoholismo tomó auge, sobre todo, en el campo y especialmente en la región henequenera, fomentando las tiendas de raya. En Mérida y en sesión del Ayuntamiento, el concejal Fernando Casares presentó el 7 de abril de 1902, como medida concreta contra el alcoholismo, una iniciativa para que se prohibiera la entrada de menores de edad a las cantinas y demás expendios de licor y prohibiendo igualmente a los dueños de esas tiendas vender bebidas alcohólicas a los menores, con multas de 100 pesos a los infractores por primera vez y con orden de clausura para los establecimientos reincidentes. La vigilancia correspondiente se confiaba a la policía y la mitad de la multa se destinaba al agente que hiciera la denuncia. Se dispensó a esta propuesta de todo trámite y fue aprobada por unanimidad, formulándose el acuerdo respectivo que pasó a la sanción del ejecutivo estatal. En los años de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la bonanza que produjo el auge del henequén trajo aparejado un enorme consumo de bebidas alcohólicas, a grado tal, que el general Salvador Alvarado, gobernador del estado, expidió el 1 de febrero de 1916 la llamada ley seca, en cuyos considerandos se señalaba que el alcoholismo era un grave problema de salud pública en el estado; que causaba sus peores efectos en los campesinos; que era urgente restringir las bebidas alcohólicas y su disponibilidad y que no importaba que el erario dejase de percibir altas cantidades por concepto de impuestos al ramo, ya que el poder público no debía ser cómplice o protector del vicio.
La Ley disponía los siguientes artículos:
Primero: se declara el cierre definitivo de todas las cantinas y tabernas del estado.
Segundo: se declara que es punible la venta o expendio de todo género de alcoholes, vinos o licores, producidos en el país o importados del extranjero.
Tercero: sólo se permitirá en el estado expendio de cervezas, las que en ningún caso contendrán más del 5% de alcohol. Las cervecerías y expendios de cerveza quedarán sujetos al Reglamento vigente de tabernas.
Cuarto: los que infrinjan lo dispuesto en los tres artículos que preceden, serán castigados, si no tienen pena especial establecida en el Reglamento, con el cierre definitivo del establecimiento infractor, decomiso de los alcoholes, vinos o licores que en él se encuentren y multa de 500 a 2,000 pesos o arresto de 1 a 3 meses; en caso de reincidencia se aplicará el doble de la pena por la autoridad política del lugar. Los artículos
Quinto y sexto se refieren a alcohol de exportación y para usos industriales y medicamentos. Esta ley tuvo gran impacto sobre los industriales y comerciantes del ramo, pero no sobre el alcoholismo en sí. Con referencia al mismo problema en otros países, cabe mencionar que en los Estados Unidos al aprobarse una ley semejante, se originaron nuevos problemas (clandestinaje, falsificaciones, gangsterismos, etcétera.) que sólo amenguaron al ser derogada. Años después, se optó por la acción educativa; así, en 1930, se estableció en Yucatán una delegación de propaganda antialcohólica que, con el apoyo del gobierno y del Partido Socialista del Sureste, se dedicó a organizar pláticas orientadoras lo mismo en Mérida que en el interior del estado, a cargo en español de Elia María Abán y traducidas al maya por Rosario Hernández y María Coronado. Y se fundaba, con participación de las personas asistentes el correspondiente comité antialcohólico local. Todos estos esfuerzos, muy loables, no tuvieron resultados tangibles. A partir de 1939, la Segunda Guerra Mundial produjo nuevamente en Yucatán una transitoria prosperidad económica, por mayor exportación de henequén, que otra vez ocasionó mayor adquisición y consumo de bebidas alcohólicas; se multiplicaron los expendios; se popularizaron los salones familiares anexos a las cantinas; se fundó en esos años la zona de tolerancia de la calle 66 sur, con no menos de 25 expendios de bebidas; las cantinas se multiplicaron en el interior del estado, principalmente en la zona henequenera, etcétera. Aunque esta situación declinó de 1950 en adelante, el daño sobre la conducta y los hábitos de la población persistió, aumentando después por la intensa propaganda a través de los medios masivos de comunicación (sobre todo TV). En la década de los años 70 hubo un notable incremento en la entrada de vinos y licores al estado, pues en 1973 fue de 2,660 t y en 1977 alcanzó 7,859 t, en tanto que disminuyó la entrada de cerveza, pues de 29,411 t en 1974 bajó a 21,850 t en 1977, lo cual no significa disminución de consumo, ya que la Cervecería Yucateca aumentó su producción de 20 a 28 millones de litros al año, lo cual da un índice de consumo de 50 litros de cerveza por habitante al año; si se agrega el de vinos y licores, estimando como promedio anual unos 6 millones de litros y relacionados ahora con la población de 15 y más años (500,000 habitantes en promedio), obtenemos la cifra de 112 litros al año, o sea, casi el doble del promedio del consumo en el país, que en 1972 fue de 65 litros. Ante el aumento constante del alcoholismo, las autoridades nacionales crearon en 1985 el Consejo Nacional contra el Alcoholismo, fundándose ese mismo año en Yucatán el Consejo Estatal, reorganizado en 1988. Además, hubo grupos privados que desplegaron esfuerzos en el mismo sentido; otros que ya existían, como Alcohólicos Anónimos, en 1986 tenía 57 grupos en el estado. Para la rehabilitación de alcohólicos se fundó el Albergue Cottolengo, pero el número de expendios registrados de bebidas alcohólicas seguía aumentando, pues de 1,275 registrados en 1975 y 1,943 en 1980, subió a 4,961 en 1983 y 8,049 en 1986. El de expendios clandestinos en 1987 se estimó en unos 15,000 en el estado. Se modificó el Reglamento sobre bebidas alcohólicas. La acción educativa del Consejo fue impulsada por Óscar Cervera Pérez, Arturo Erosa Barbachano y Daniel Vales Morales, especialmente entre los maestros y los estudiantes. Las cifras más recientes de que se dispone nos indican que en 1991 el consumo de cerveza fue de 78 millones de litros y el de vinos y licores de 12 millones de litros, lo que arroja un índice de consumo de 148 litros al año por persona mayor de 15 años. Para conocer mejor el problema en sus variados aspectos han realizado encuestas diversos organismos, tales como la Sociedad Mexicana de Psiquiatría, el Consejo Nacional contra las Adicciones y el Hospital Psiquiátrico de Mérida, siendo la más eficaz la realizada por el equipo de trabajo encabezado por Roberto López Godoy, especialista diplomado en la Universidad John Hopkins, que labora en el Centro de Investigaciones Regionales Hideyo Noguchi. De sus resultados, los principales datos son: se comienza a beber a los 14 años de edad (64%) y aún menos (24%), en las casas (65%) prefiriéndose cerveza (88%), aunque después de los 20 años disminuye el porcentaje de consumidores de cerveza y aumenta el de los que consumen licores; en los deportes, tanto los espectadores como los jugadores suelen consumir bebidas alcohólicas durante y después de los eventos; se bebe regularmente en las fiestas privadas y públicas; un 20% de la población mayor de 15 años es abstemia, un 75% es consumidora y un 5% es ya frecuentemente alcohólica. En cuanto a los motivos para beber los principales en orden decreciente, según encuesta, fueron: diversión, estrechar la amistad y calmar los nervios. Aunque no se dispone de suficiente información sobre determinadas situaciones y hechos debidos a los efectos del alcohol, sí se puede señalar su influencia en el 44% de los delitos cometidos, en el 34% de los accidentes de tránsito y en el 25% de los divorcios. En cuanto a su efecto patológico en el organismo, varía desde la embriaguez en alto grado, la congestión alcohólica, los episodios de delirium tremens y la gastroenteritis crónica hasta la cirrosis hepática. Los registros de las instituciones no permiten tener una idea del problema en toda su magnitud, como tampoco la certificación de causas de defunción, excepto en el caso de la cirrosis hepática, que se considera el mejor indicador. Entre las tesis de grado presentadas en la Escuela de Medicina de 1857 a 1950 ninguna se refirió a este tema.