Archivo General del Estado  De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Primero del Decreto núm. 359 del Gobierno del Estado de Yucatán, expedido el 13 de octubre de 1986 por el gobernador interino del estado, Víctor M. Cervera Pacheco y suscrito, asimismo, por el secretario general de gobierno, Orlando Paredes Lara, el Archivo General del Estado de Yucatán (AGEY) «es la dependencia del Poder Ejecutivo cuyos objetivos fundamentales son los de recibir, revisar, clasificar, archivar, conservar y depurar el acervo documental administrativo e histórico del estado y será además la entidad central y de consulta del Ejecutivo del mismo en el manejo de sus archivos, para lograr una mejor coordinación, eficiencia y uniformidad normativa en la materia, y el órgano coordinador y promotor del Sistema Estatal de Archivos, manteniendo relaciones permanentes con los archivos administrativos e históricos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como con los privados y demás que se incorporaren al Sistema».

En sus instalaciones, el AGEY concentra, protege y mantiene bajo resguardo dos tipos de documentos: los inactivos y los semiactivos. Corresponden a la primera denominación aquellos que son considerados de trámite ya concluido; en tanto que los segundos son los que todavía conservan vigencia legal y/o fiscal. El AGEY comprende un Archivo de Concentración y un Archivo Histórico. En el primero se guardan, no disponibles para el público, los papeles provenientes de los archivos de las diversas dependencias del Poder Ejecutivo del estado, cuya consulta aún pueda resultar necesaria para las dependencias que los generaron y, también, previa depuración aquella documentación relativa a asuntos ya terminados, de modo tal que el Archivo de Concentración sea el último repositorio de la misma antes de su descarte definitivo o de su incorporación al Archivo Histórico, según las normas y calendarios establecidos para el efecto y si su importancia, según dictamen de especialistas, así lo amerita.

Esta Sección Histórica del AGEY contiene abundante y valioso acervo con origen en el siglo XIX y buena parte del actual; no así en lo que se refiere a los siglos XVII y XVIII, que es deplorablemente escaso. Según información del AGEY, los fondos de su Archivo Histórico, organizados con base en su procedencia, son cinco, a saber: Colonial (1684-1821); Poder Ejecutivo (1822-1967); Congreso (1823-1931); Justicia (1822-1939) y Municipios (1796-1962). El primero lo integran los ramos de ayuntamientos, bandos y ordenanzas, censos y padrones y correspondencia de los gobernadores, etcétera; el segundo corresponde, también por ramos, a administración, municipios, beneficencia, correspondencia oficial, etcétera; el del Congreso comprende: acuerdos, correspondencia, decretos, dictámenes, índices, sesiones, etcétera; el de Justicia cuenta con un inventario físico y el de Municipos conserva documentación de 38 demarcaciones municipales. Complementa este acervo una colección de libros duplicados del Registro Civil, de 1901 a 1988, y libros, también del RC, correspondientes al período comprendido entre los años 1861 y 1899. Otra función principal del AGEY, además de proteger, organizar y conservar los documentos que constituyen parte importante del patrimonio cultural del estado, es la de ofrecer eficiente servicio de consulta del acervo de su Archivo Histórico a quienes lo soliciten adecuada y oportunamente, y mediante indispensable identificación, así como la de normalizar sus relaciones con las dependencias del Poder Ejecutivo del estado para la correcta y expedita transferencia de documentos. El AGEY brinda sus servicios a investigadores y público en general de lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 horas, en sus modernas instalaciones de la calle 86 núm. 488-B, ubicadas a espaldas del Hospital O’Horán, en el edificio que, debidamente adaptado fue puesto en servicio el 5 de febrero de 1991, ya en las postrimerías de la administración del gobernador Víctor Manzanilla Schaffer, siendo director general del AGEY Hernán Rosas Novelo.

Desde abril del mismo año, por designación de Dulce María Sauri Riancho de Sierra, gobernadora del estado y presidenta del Sistema Estatal de Archivos (SEA), desempeña la dirección general del AGEY Piedad del Carmen Peniche Rivero y labora a sus órdenes una plantilla de personal integrada por 26 empleados. Editado por el gobierno del estado y el SEA, por conducto del AGEY, se ha puesto en circulación un útil Manual para la administración de documentos en los Archivos Municipales del Estado de Yucatán, que coordinó Peniche Rivero, con la colaboración de Gustavo Abud Pavía y Rosa Elena Solís Blanco e ilustraciones de José Jorge Ríos. El AGEY, por otra parte, difunde por medio de la prensa local una serie de interesantes informaciones bajo el título general de «Los tesoros del Archivo General del Estado» y, de modo paralelo a su labor específica, es sede de reuniones académicas, principalmente en el campo de las ciencias sociales.

Marco legal y reorganización. No existen posibles dudas acerca de las nefastas consecuencias que en materia archivística, en Yucatán, ocasionó tradicionalmente la falta de un marco legal y de instrumentos jurídicos, normativos, que con la necesaria precisión definieran objetivos, procedimientos, responsabilidades y atribuciones en todo lo referente a administrar y salvaguardar los documentos cuya preservación y clasificación son de interés público. Tan lamentable vacío legal, que frustraba cualquier propósito reorganizador, fue superado en 1986 al aprobar el Congreso local y promulgarse el 22 de agosto y el 13 de octubre de ese año los Decretos núm. 352, 358 y 359 correspondientes a la Ley del Sistema Estatal de Archivos y los reglamentos de la propia Ley y del Archivo General del Estado, respectivamente, según las iniciativas enviadas por el gobernador Víctor Cervera Pacheco y el asesoramiento de cuyos proyectos estuvo a cargo de una Comisión de Jurisconsultos integrada por Fernando Castilla Centeno, Carlos Denis Chacón, Carlos Herrera Heredia, Francisco Repetto Milán y Humberto Rodríguez Rojas y coordinada por el secretario general de gobierno, Orlando Paredes Lara; Ley y Reglamentos que fueron sugeridos por el Archivo General de la Nación a las autoridades archivísticas de otras entidades de la República como modelo de este tipo de legislación.

La Ley del SEA consta de siete artículos y un transitorio, agrupados en tres capítulos, y en ella se establece que el Consejo Estatal de Archivos (CEA), formado por los representantes de los tres Poderes del Estado y máxima autoridad del Sistema, contará con el AGEY como órgano promotor y coordinador. Y el Artículo Siete del Reglamento, que consta de treinta y tres y un transitorio, precisa que el CEA será presidido por el gobernador del estado o, en su representación, por el secretario general de gobierno. Por su parte, el Reglamento del AGEY consta de veinticuatro artículos y dos transitorios, agrupados en cuatro capítulos.

De acuerdo con el Artículo Cuatro de su Reglamento, el AGEY tendrá a su cargo: a) Ordenar y planificar el funcionamiento de los Archivos del Ejecutivo del estado, en su etapa de concentración; b) Realizar los estudios que permitan, mediante la implantación de sistemas, procedimientos y normas técnicas, elevar la eficiencia de los archivos estatales; c) Emitir las normas, políticas y lineamientos generales conforme a los cuales se fijen las relaciones operativas internas y externas entre las unidades que ejerzan las funciones de correspondencia y archivos administrativos e históricos de las dependencias del Poder Ejecutivo; d) Asesorar y apoyar a las dependencias en el diseño de sus procedimientos internos para el manejo y administración de documentos; e) Vigilar y evaluar el cumplimiento de las normas expedidas para regular el manejo, transferencia, conservación o eliminación de los documentos que integren los archivos con motivo de la gestión administrativa; f) Ser el órgano de apoyo, supervisión y promoción de la formación de archivos históricos; g) Ordenar, conservar, concentrar y, en su caso, liberar la documentación que le transfieran las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y gestionar la recuperación de archivos públicos; h) Promover y apoyar investigaciones históricas, así como difundir y publicar la información que lo amerite en el ámbito de la administración pública estatal; i) Proteger y enriquecer el Archivo Histórico, como patrimonio de nuestra entidad; j) Participar, a su solicitud, en la organización de los archivos administrativos e históricos de los Poderes Legislativo y Judicial, los municipales, los de las empresas o instituciones paraestatales, descentralizadas o desconcentradas y las de los particulares que se incorporen al Sistema Estatal de Archivos, así como, en su caso, recibir en custodia los documentos históricos de esas instituciones que le sean encomendados; k) Ser el órgano coordinador y promotor del Sistema Estatal de Archivos de acuerdo con la Ley de su creación y su Reglamento; l) Procurar la adquisición de los originales o reproducciones de documentos que, generados o existentes en otro estado o en el extranjero, sean de especial interés para la historia del estado de Yucatán; ll) Reproducir los documentos de su acervo en fotostáticas, microfilmes u otros procedimientos facsimilares; m) Proporcionar los servicios de consulta y certificación; n) Dictar normas sobre identificación, clasificación y catalogación de documentos para su aplicación dentro del Sistema Estatal de Archivos, así como girar las instrucciones acerca del destino final de los mismos; y ñ) Las demás que le correspondan para el cumplimiento de sus objetivos, señalados en el artículo primero de este Reglamento y las que sirvan para el encauzamiento de cuantos servicios archivísticos sean de interés institucional y público.

Estos tres documentos, que dieron sólida base al Programa de Reorganización del Archivo General del Estado (PRAGE) emprendido por el gobernador Cervera Pacheco en los años 1986 y 1987, encauzaron también el armónico funcionamiento de los sistemas estatal y nacional de archivos, coordinado éste por el Archivo General de la Nación, cuya Dirección General, a cargo de Leonor Ortiz Monasterio, brindó eficaz apoyo a las acciones puestas en marcha en Yucatán, lo mismo directamente que por conducto de su Dirección de Desarrollo de los Sistemas Estatales de Archivos, jefaturada por Patricia Rodríguez Ochoa.

El programa de referencia tuvo punto de partida y de sustentación en el criterio de que a los archivos, además de sus funciones preservadoras del patrimonio que mantienen en custodia, les corresponden importantes tareas al servicio de la administración pública en la medida en que se logren una eficiente organización y un ágil uso de los mismos, ya que en muchos casos, de tal modo, se simplifican y abrevian los trámites y la toma de decisiones y ello se traduce en ahorro de tiempo, de dinero y de esfuerzos en las dependencias gubernamentales y, para el público, en una mejor y más rápida atención. Al mismo tiempo, el PRAGE sembró en diversos niveles la idea de que los archivos, sin menoscabo de la obligación primordial de proteger sus fondos, no deben limitarse a conservar sus documentos en las mejores condiciones, sino que su difusión constituye un invaluable servicio a la cultura. A la vez, el campo de intereses de la ciencia histórica se amplía constantemente y el investigador de hoy necesita una más extensa gama de fuentes informativas, habida cuenta de que el testimonio histórico ya no queda registrado únicamente en documentos escritos, por lo que los archivos, en consecuencia, han de contar con todos aquellos elementos que la tecnología de este tiempo pone a su alcance. En razón de lo anterior, y apoyadas en la Ley del SEA y los Reglamentos de éste y del AGEY, las acciones del programa se orientaron hacia un modelo de archivo general en aptitud de utilizar los recursos de la informática, así como de un agrupamiento de servicios diversos como son los de biblioteca, hemeroteca histórica, filmoteca, videoteca, fonoteca, fototeca, mapoteca, etcétera, así como laboratorios fotográficos, equipo de microfilmación y talleres de restauración y encuadernación para satisfacer la demanda propia, la de otras dependencias del Ejecutivo y aun la del público en general. Una serie de factores adversos frustraron la plena consecución de estos propósitos, que debieron de haber culminado en la misma etapa, desde fines de 1987, con el traslado del AGEY al edificio de la ex Penitenciaría Juárez, pero ello no disminuye la trascendencia de que tales objetivos hayan sido incluidos en los multicitados ordenamientos legales, en cuanto estos constituyen también documentos programáticos, que pusieron la base para sucesivos mejoramientos archivísticos al dejar establecidas con precisión las normas a que debe sujetarse la administración de documentos y al superar, asimismo, el muy generalizado error de que se considerara al AGEY como una entidad aislada, con olvido o desconocimiento de que entre éste, cúpula del sistema, y los archivos de cada una de las dependencias del Poder Ejecutivo, sus fuentes nutricias, resultan imprescindibles relaciones funcionalmente estructuradas e ininterrumpidas y ello hace necesario, a su vez, que los progresos en materia archivística se apoyen continuamente en la capacitación del personal de las diversas áreas de los archivos gubernamentales, en la puesta en orden y la eficiente organización de estos y en un correcto funcionamiento de conjunto.

Para el impulso de la biblioteca de apoyo, que ya contaba con un mínimo acervo, se contó inicialmente con un importante lote de alrededor de 250 títulos aportados por el AGN, con algunos lotes de donación particular y con ejemplares de sus obras que cedieron, a invitación del AGEY, un grupo de escritores locales. Se emprendió igualmente una labor editorial con la impresión y profusa distribución de la Ley y los Reglamentos y de seis opúsculos titulados: Archivos y bibliotecas. Relaciones y naturaleza de los Archivos, los dos de T.R. Schellenberg; Características, estructuras y funciones de los archivos históricos, de Michel Duchein; La biblioteca como auxiliar del Archivo, de Cecilio Xolalpa Chavarría; La conservación de las videocintas, de Fernando Osorio Alarcón y Lineamientos generales para la organización de un Archivo Histórico Municipal, de Stella González Cicero de Garibay. Esta distinguida historiadora yucateca, doctorada en El Colegio de México, con posteriores estudios archivísticos en París, Francia, prestó invaluables servicios al AGEY a lo largo de más de dos lustros, primero como funcionaria del Archivo General de la Nación (en la Coordinación de Archivos Históricos y en la Jefatura del Departamento del Registro Nacional del AGN) y después, siendo directora de la Biblioteca Central del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, y mediante periódicos desplazamientos a Mérida con la debida autorización superior, como asesora general del CEA y del AGEY, sin percibir por ello compensación alguna. Simultáneamente, y también con carácter honorario, José Luis Castillo Tufiño, reconocido especialista en la construcción o adaptación de edificios para archivos y autor de varios instructivos sobre la materia, desempeñó la Asesoría Técnica de los dos mencionados organismos.

Durante la administración del gobernador Francisco Luna Kan, González Cicero había realizado entre otras tareas un «Diagnóstico de los Archivos Municipales» en las poblaciones del interior del estado, cuyo objetivo fue crear conciencia acerca de las deplorables deficiencias, y en no pocos casos práctica inexistencia, registradas en este importante campo de las responsabilidades archivísticas y que en la mayoría de los casos impiden el cabal conocimiento del proceso histórico vivido en cada municipalidad, amén de obstaculizar la fluidez de las acciones administrativas. En unión de su esposo, Jorge Garibay Álvarez, especialista en archivos eclesiásticos y entonces funcionario del AGN, González Cicero colaboró activamente en los preparativos (1981) del traslado del AGEY desde sus instalaciones en el ex convento de La Mejorada a su nuevo edificio en la Ciudad Industrial, sin que sus cuidados y recomendaciones lograran garantizar un correcto tratamiento de los acervos transportados, por parte de quienes físicamente tuvieron a su cargo la operación. Después, durante la administración del gobernador Graciliano Alpuche Pinzón, prestó igualmente su apoyo al Archivo y al ponerse en marcha el PRAGE, ya durante la administración del gobernador Víctor M. Cervera Pacheco, González Cicero, además del desempeño de la Asesoría General del CEA y del AGEY, diseñó y dirigió personalmente y con notables resultados, adiestrando al personal con que en aquella época se contaba, muy limitado en número, un programa de revisión, identificación y ordenamiento del impresionante rezago acumulado durante años —una parte del cual se amontonaba en el suelo— y redujo considerablemente su volumen. Diseñó también la plantilla de empleados que debía crearse con apego al Reglamento y, finalmente, durante la administración del gobernador Manzanilla Schaffer impartió cursos de capacitación organizados por el AGEY y el CEA. En varias ocasiones el Archivo General del Estado contó con la estimable y desinteresada colaboración de Ernesto Abreu Gómez, jefe de los Servicios de Identificación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien aportó su experiencia y atinados consejos para el tratamiento de determinado tipo de documentación. No obstante ser plenamente válida la afirmación de que antes de la expedición de sus ordenamientos legales el AGEY, por esa carencia fundamental, nunca había podido cumplir cabalmente sus funciones, ello no debe empañar los logros ya obtenidos con anterioridad en ciertos aspectos, ni resultar en menoscabo del reconocimiento que merecen los esfuerzos, no pocas veces en condiciones que podrían calificarse de heroicas, realizados por algunas de las personas, Luis López Rivas, por ejemplo, que en diferentes etapas y circunstancias prestaron sus servicios en esta dependencia del Ejecutivo, agobiada casi siempre por la insignificancia de los recursos que se le asignaban y rodeada de una desalentadora indiferencia. Pocos días después de tomar posesión, en febrero de 1988, el gobernador Manzanilla Schaffer nombró director general del AGEY a Hernán Rosas Novelo, secretario general de la prestigiada Sociedad de Estudios Yucatanenses Elmer Llanes Marín, con sede en la ciudad de México, y promotor constante desde hace muchos años de iniciativas orientadas generosamente a estimular los valores de Yucatán en diferentes órdenes, quien asumió también la Secretaría del Consejo Estatal de Archivos. La actividad principal de esta etapa, altamente significativa en la trayectoria del AGEY, fue la remodelación, adaptación y equipamiento inicial del edificio (parte del viejo Hospital O’Horán y enclavado en una zona donde se ubican ahora otras dependencias del Ejecutivo) en el que funcionan desde el 5 de febrero de 1991 las instalaciones del Archivo General del Estado. El acto de inauguración de este edificio que, por vez primera en Yucatán, cuenta con una cámara de fumigación para evitar el ingreso, con los documentos, de las plagas que afectan el papel, y también con los elementos básicos de un taller de encuadernación y restauración, incluyó una sesión del CEA, integrado por el diputado Roberto Pinzón Álvarez, en representación del Poder Legislativo; Ligia Cortés Ortega, por el Poder Judicial, y el gobernador Manzanilla Schaffer en su calidad de presidente. Rosas Novelo rindió informe de las actividades realizadas y sometió al Consejo diversas propuestas, todas aprobadas, entre ellas, en primer lugar, la de extender una constancia de reconocimiento a Stella González Cicero de Garibay, por su valiosa y permanente colaboración, así como a las instituciones locales, nacionales y extranjeras que en distintas épocas han brindado a la institución su apoyo y asesoramiento; la de dar a la biblioteca el nombre del destacado investigador Víctor M. Suárez Molina en homenaje a su memoria; la de considerar la importancia de que se gestionase en el Archivo General de la Nación, a cuya directora, Leonor Ortiz Monasterio, se expresó testimonio de agradecimiento, la posibilidad de establecer una sección documental de Yucatán, con la doble finalidad de concentrar la documentación relativa a nuestro estado y de obtener en lo posible reproducciones de la misma para enriquecer el acervo del AGEY; la de impulsar los servicios archivísticos en los municipios e intensificar en varios niveles la capacitación, etcétera. Durante su gestión, Rosas Novelo dio los primeros pasos para poner en marcha el proyecto, desafortunadamente no culminado, de fundar en cooperación con instituciones españolas un programa de becas para los interesados en la investigación de documentos relacionados con Yucatán en el Archivo de Indias de Sevilla, España, lo cual contribuiría en aminorar las extensas lagunas del acervo del AGEY con respecto de documentación de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Rosas Novelo tuvo a su cargo la exitosa organización en 1989, del Foro Nacional de Documentación y Archivos Públicos, convocado por el Archivo General de la Nación, celebrado en la ciudad y puerto de Progreso y en el que se constituyó la Región Archivística VI, formada por los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, con miras a programar regionalmente el Programa Nacional de Información y Archivos Públicos (1990-1994). Las propuestas elevadas, al respecto, por el Archivo General del Estado a la consideración posterior del AGN tuvieron plena coincidencia con las líneas directrices señaladas por el máximo organismo archivístico de la Nación.

En los últimos decenios han desempeñado la Dirección del Archivo General los ya mencionados López Rivas y Rosas Novelo; Beatriz Reyes Campos, quien en su etapa fundó y difundió varios números de una interesante publicación oficial del AGEY titulada Inventarios; Mirna Esther Sánchez Rosado (provisional), la archivista María Guadalupe Cabrera May (provisional) y también en forma interina Luz María Cáceres Acereto, graduada en la Escuela Nacional de Conservación de Bienes Culturales, dependiente del INAH, quien ya en 1987 había comenzado a organizar un Departamento de Fumigación, Restauración y Encuadernación. Desde abril de 1991, como ya se dijo, la directora general del AGEY es Piedad del Carmen Peniche Rivero.

Edificio. La decisión de trasladar el AGEY formó parte del Programa de Reorganización emprendido en 1986, y el hecho de haber escogido para darle sede la ex Penitenciaría Juárez no respondía, se informó al anunciar el proyecto, a un irreflexivo propósito de imitar el modelo de la cárcel de Lecumberri, en la ciudad de México, donde se ubica desde hace algunos años y en excelentes condiciones el Archivo General de la Nación, sino que se tomaron en cuenta, fundamentalmente, las características del edificio, que por convincentes razones de carácter técnico resultaban idóneas para el nuevo uso que se le daría. Por otra parte, los amplios y seguros espacios disponibles permitirían ubicar funcionalmente todas las instalaciones previstas en el PRAGE, con la mayor comodidad, además, para los usuarios y los empleados, y se integraría, en una zona muy bien comunicada, una unidad cultural de gran utilidad para los investigadores locales y foráneos, habida cuenta de que la Hemeroteca Histórica y el Museo Arqueológico e Histórico (INAH) se instalarían en el mismo edificio, que contaría complementariamente con algunos servicios para uso común de esas dependencias, tales como salas de exposiciones, auditorio, expendio de publicaciones, etcétera. Las obras de adaptación, debidamente autorizadas, y supervisadas por la Secretaría de Obras Públicas del Estado, no se iniciaron sin previas consultas con el AGN y con otros autorizados especialistas en la materia. Lamentablemente, varios factores (entre ellos una fuerte devaluación de nuestra moneda en el año de 1987 y las medidas restrictivas consiguientes, que imposibilitaron adquirir de manera inmediata parte importante del equipo necesario, como por ejemplo el de detección de incendios y el de regulación del clima) vinieron a frustrar inevitablemente el cumplimiento del programa de equipamiento, no obstante los buenos deseos de la Secretaría de Administración, jefaturada por Jorge Omar Fajardo Pérez, que lo tenía a su cargo, según proyecto de Castillo Tufiño y Norma Laguna. Y a ello se añadió, casi en seguida, el término de la administración del gobernador Cervera Pacheco. Inmediatamente, la administración del gobernador Manzanilla Schaffer mantuvo la decisión de trasladar el AGEY, pero al cabo de algunos meses se escogió otro edificio, el actual, desechando el de la ex Penitenciaría Juárez a causa, según se informó, de que se había acentuado la humedad en forma alarmante e incluso una de las áreas prácticamente comenzó a inundarse, lo cual en todo caso podría ser atribuible a algún tipo de obra que alguien hubiera realizado sin las precauciones técnicas necesarias, provocando tal situación, ya que anteriormente la humedad, aunque alta, era la que en Mérida puede considerarse normal y a lo largo de 1987 se hicieron las mediciones correspondientes, así como las de temperatura, en la ex Penitenciaría y en el edificio del AGEY en la Ciudad Industrial, y los resultados no fueron desventajosos para el primero.

El edificio anterior, puesto en servicio en las postrimerías del gobierno de Luna Kan, se resolvió después destinarlo a otros usos, no obstante haber sido el único en Yucatán que se construyó especialmente para alojar al AGEY y que, en general, reunía las condiciones requeridas, muy superiores a las de cualquier instalación anterior, debido a varias justificadas razones, en primerísimo lugar el de su ubicación, pues el acelerado desarrollo de la Ciudad Industrial y de su zonas aledañas, y la cercanía de varias fábricas, sobre todo la de cemento, y de las pistas del aeropuerto, provocaban una ya intolerable cantidad de polvo y de residuos; y también a que el insólito y tradicional desorden de algunas dependencias al enviar su documentación más como basura que como material para archivar, determinó que el edificio recién inaugurado resultara infestado por las plagas más dañinas y, además, en dos de las naves hubo que levantar numerosas hileras de ladrillos para combatir una invasión de termitas, que penetró también en algunos muros. Por otra parte, ya muy avanzada la construcción, de acuerdo con atingente solicitud del gobernador Dr. Luna Kan, personal del Archivo General de la Nación, siendo su directora Alejandra Moreno Toscano, inspeccionó las obras y formuló una lista con más de 20 recomendaciones técnicas acerca de necesidades que deberían de preverse, modalidades de los servicios de agua y electricidad, control del clima, detección de incendios y protección con respecto a agentes físicos y medio ambiente, etcétera, pero tales recomendaciones, al parecer, fueron desoídas al terminar el sexenio y esto ocasionó graves deterioros. Antecedentes. Resulta paradójico que el Archivo General del Estado, encargado de conservar la memoria histórica de Yucatán, carezca de información fidedigna acerca de sus propios orígenes y trayectoria. Esto se ha prestado a que diversas publicaciones, incluida una del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (Datos para la guía de instituciones que cultivan la historia de América), atribuyan la fundación del AGEY al Decreto núm. 238, publicado en el Diario Oficial del Estado el 3 de agosto de 1945, pero lo exacto es que ese documento, expedido por Ernesto Novelo Torres, gobernador del estado (1942-1946), únicamente hizo saber que el XXXVI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán dispuso reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. El Artículo Segundo de dicho Decreto dice: «se suprime la fracción IV del Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado que establece, entre las obligaciones del oficial mayor de gobierno, la correspondiente a tener a su cargo el Archivo General del Gobierno». El Artículo Quinto indica: «Se adiciona el Artículo 24 de la misma Ley Orgánica en los términos siguientes: Artículo 24.- La Procuraduría General de Justicia, las Direcciones del Catastro, del Registro Civil, del Registro Público de la Propiedad, de Bellas Artes y del Archivo General del Estado, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría del Trabajo y la Penitenciaría Juárez, quedarán dependiendo directamente del Ejecutivo del estado y rigiéndose por sus leyes y reglamentos respectivos. Se faculta al Ejecutivo del estado para expedir y modificar a su juicio los Reglamentos de la Dirección General de Bellas Artes y de la Dirección del Archivo General del Estado». Meses antes, el 26 de marzo de 1945, el entonces director del AGEY y protagonista de uno de los primeros intentos de reorganización, Juan de Dios Pérez Galaz, había dirigido al gobernador Novelo Torres un oficio, según copia existente en el AGEY, en el que le recordaba: «Obra en su poder un proyecto de Ley para la creación del Archivo General del Estado» y «hasta hoy dicha Ley no ha sido promulgada oficialmente…» No hay pues, base alguna para afirmar que el AGEY fue fundado por el Decreto núm. 238 del 3 de agosto de 1945, ya que éste se limitó a señalar que dejaba de depender de la Oficialía Mayor para pasar a la adscripción del titular del Poder Ejecutivo. Y en cuanto al Proyecto de Ley de la supuesta creación del AGEY, el mismo Pérez Galaz, en declaraciones publicadas decenios después, el 27 de abril de 1980, en el Suplemento del diario Novedades de Yucatán explicó que no fue posible llevarlo a la práctica por haberse separado de la Dirección al «terminarse el período gubernamental de Novelo Torres». Estas aclaraciones se relacionan únicamente con la etapa de nuestra contemporaneidad, pues resulta obvio que universalmente tiene muy remotos orígenes el propósito de conservar, en papel o en otros materiales, los testimonios que hoy nos ayudan a comprender, o descifrar, los anfractuosos procesos de desarrollo histórico de los pueblos y los países. Yucatán no fue la excepción. Ahora bien: para buscar información al respecto en un ayer no demasiado lejano, cabe recordar el ilustrativo texto publicado por Justo Sierra O’Reilly el 2 de enero de 1857 en el número 111 de su periódico La Unión Liberal, que editaba en Campeche, y en el que ya se quejaba al referirse a los archivos públicos de «los graves inconvenientes que trae consigo la falta o abandono de ellos», agregando que «en Yucatán, además, hay razones de otra especie para vernos privados de los tesoros de la historia que han podido contener los archivos: el clima tan propicio a la propagación de los destructores insectos que corroen el papel, las invasiones de los antiguos filibusteros, las frecuentes y desordenadas traslaciones de los depósitos, la escandalosa dispersión de los de la antigua provincia de franciscanos y, sobre todo, la espantosa crisis social que ha sobrevenido con la sublevación de los indígenas de esta tierra; razones han sido más que suficientes para que desaparecieran todos los archivos».