Alfabetización  La alfabetización del pueblo de Yucatán comienza al sancionar la Constitución de 1825 la apertura de las escuelas de primeras letras, aunque hasta fines del siglo XIX la instrucción elemental se circunscribió casi exclusivamente a la niñez. Según manifiesta José Díaz Covarrubias en La instrucción pública en México, en 1875 no existía un censo exacto de la población adulta que no sabía leer ni escribir, y las escuelas para adultos eran sólo 145 en todo el país; consideraba que «sin dejar de hacerse un esfuerzo por aumentarlas, principalmente en las ciudades donde los artesanos las desean, es preferible impulsar y completar las de los niños para fundar el porvenir». En Yucatán esta obra sólo consigna, para adultos, la escuela de la cárcel pública. En los censos de población, desde 1895 hasta 1980, el término analfabeto se utiliza únicamente en el caso de habitantes de 10 años en adelante; en 1990 se consideran analfabetos los de 15 y más años que no saben leer, contabilizándose aparte los que tienen de 6 a 14 años. De 1895 a 1900, el descenso del analfabetismo correspondió a una etapa inmediatamente posterior a los congresos pedagógicos nacionales de 1891 y 1892, cuyos acuerdos, si bien no eran obligatorios ni fácilmente aplicables, se fueron adoptando en Yucatán gracias a brillantes, aunque no muy numerosos, maestros que, en la primera década del siglo XX, contando con los mejores apoyos gubernamentales y municipales que permitió la economía del estado, elevaron notablemente el número de letrados. De 1910 a 1921, los analfabetos descienden en el mayor porcentaje que registran los censos: 12.5; a este período correspondió la creación de las escuelas rurales decretada por el general Salvador Alvarado, labor continuada por quienes inmediatamente lo siguieron. Las escuelas para adultos que en 1914 eran 12, llegaron a 117 en 1916. En los censos de 1930, la proporción en que bajó el analfabetismo se redujo, lo cual es comprensible en una etapa que tuvo años de intranquilidad, cambios constantes de autoridades educativas y divisiones ideológicas y partidistas entre los maestros, y aunque concluyó con estabilidad política y económica, careció de fuerza en la aplicación de acciones. A pesar de que la década iniciada en 1930 fue en gran parte de penuria económica, la labor del ilustre Eduardo Urzaiz Rodríguez y de otros respetables maestros en el Departamento de Educación Pública y el incremento cada vez mayor del número de escuelas rurales sostenidas por la Federación, lograron que el porcentaje de analfabetos se redujera en un 8.9%. En los censos de 1950, con todo y ser posteriores a la Campaña Nacional Contra el Analfabetismo, decretada por el presidente, general Manuel Ávila Camacho (Ley de Emergencia de 21 de agosto de 1944), el descenso fue tan sólo de 6.7%, no obstante que en su aplicación contó con el apoyo de la prensa, numerosas empresas, sociedades y oficinas públicas que auspiciaron la apertura de centros de alfabetización, y a pesar también de que los gobiernos estatales la patrocinaron, principalmente José González Beytia, quien durante su administración le dio vigoroso impulso; en efecto, dotó a la dirección de la campaña de un local propio, gratificó a maestros e instructores según el número de alfabetizados y les hizo homenajes anuales en reconocimiento de su labor; además, la Federación creó plazas para el mismo objeto. En sus comienzos, la campaña estuvo dirigida por Eladio Novelo Gil y Santiago Pacheco Cruz, primeras autoridades educativas, en los sistemas estatal y federal, y después, como directores, José J. Cetina Salazar, Ramiro Carrillo Solís, Manuel Díaz Massa y Renán Irigoyen, delegado federal. En el ámbito nacional, hubo maestros yucatecos cuya labor fue sobresaliente: Hernán Morales Medina fue secretario general de la campaña; Carmen Cosgaya Rivas, autora de la primera cartilla alfabetizante; Alfredo Barrera Vásquez, director del Instituto de Alfabetización en Lenguas Indígenas; Fulgencio Alcocer, autor de una cartilla bilingüe premiada en Campeche. En Yucatán fueron muchos los maestros que realizaron destacada labor alfabetizadora, sobresaliendo las tareas orientadoras de Augusto Molina Ramos y Leopoldo Aguilar Roca, así como las del director de la Escuela Normal, César Mendoza Santana. En 1946, el general Ávila Camacho decretó que la campaña tuviera duración indefinida; posteriormente, la dirección de la campaña alfabetizante cambió su denominación por la de Dirección General de Alfabetización y Educación Extraescolar. La Dirección Estatal tomó el mismo nombre y tuvo al frente de ella, sucesivamente, a Francisco Sosa Heredia, José Mena Alcocer y Rafael Moguel Gamboa. La representación federal fue desempeñada con posterioridad a Irigoyen Rosado, por Luis Álvarez Valdez y después, igual que la estatal, quedó a cargo de Ademar Méndez Solís. Las autoridades educativas estatales idearon nuevas formas para alfabetizar, como la utilización del servicio social de los estudiantes normalistas y el uso de la televisión. Después, los centros colectivos de enseñanza fueron desapareciendo, y las plazas que sostenía la federación desaparecieron también, creándose, en 1968, los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA), adscritos a la Dirección de Educación Extraescolar, dependiente de la SEP. En el estado, se creó la Subdirección de Educación Extraescolar, dependiente del Departamento de Educación Pública, hoy Secretaría de Educación, y las antiguas escuelas nocturnas se transformaron en Centros de Educación Básica para Adultos. Actualmente son 19 y están asignados al Departamento de Educación para Adultos, dependencia que después de Ademar Méndez ha estado, sucesivamente, a cargo de Arnaldo Jiménez San Miguel, Edith de los Ángeles Navarro, Fanny Medina Ocampo, Jacinto Herrera Díaz, Evaristo Torres Retonio y Judith Peniche Cetina. Estos centros ofrecen al adulto educación primaria y secundaria con métodos semiescolarizados y tiempo adaptado a sus necesidades, en horario nocturno. La educación para el medio rural y para las comunidades indígenas cambió de concepto, y los servicios hacia ellos dirigidos se fueron diversificando, tanto de parte de la SEP como de otras instituciones. En 1978, el presidente José López Portillo puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados, cuyo lema fue «Educación para todos» y tuvo como fines fundamentales: que todo niño en edad escolar tuviera escuela, desde el jardín de niños; castellanización previa alfabetización; educación para adultos de los 15 años en adelante (alfabetización y primaria). El representante de la Dirección de Educación a Grupos Marginados en el estado lo fue Elly Marby Yerves Ceballos, y a su cargo estuvieron los diversos servicios que para entonces se ofrecían: misiones culturales, brigadas para el desarrollo rural, centros de integración social, unidades educativas bilingües, aulas rurales móviles, procuradurías de comunidades indígenas, unidades motoras culturales, centros de enseñanza ocupacional, centros de acción educativa, albergues escolares indígenas y escuelas con albergue. El censo de 1980 aportó un 7.2% de disminución en analfabetismo, considerablemente superior al de 1970 que fue de 4%. En 1981, desapareció la Dirección a Grupos Marginados y se creó la Dirección General de Adultos, despuésInstituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), organismo descentralizado que ofrece educación básica y programas que contribuyen al desarrollo de capacidades. Cuenta con 380 centros educativos trabajando en todo el estado. Su delegado en Yucatán es Manuel Blanco Sosa. Por otro lado, en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, se ha creado nuevamente la Dirección de Educación Extraescolar; de ella depende la Unidad de Centros de Educación Básica para Adultos (UCEBA), creada por la administración anterior de Miguel de la Madrid; de ella dependen, en Yucatán, 26 centros, uno en el Reclusorio de Readaptación Social. El coordinador de Educación de Adultos en Yucatán es José Medina Várguez y el subjefe técnico, Elly Marby Yerves Cevallos. De ellos dependen también las siete misiones culturales y las salas populares de lectura. El Conafe es otro organismo descentralizado que brinda educación básica en lugares donde no hoy escuelas y apoya al INEA cuando éste lo requiere. Dependiente de la Coordinación de Educación Tecnológica, existen las Brigadas para el Desarrollo Rural y los Centros de Educación Ocupacional, y dependientes de Educación Indigenista, los Albergues Escolares y las Escuelas con Albergues, además de las Brigadas del Desarrollo Indigenista.