Comercio de mayas a la isla de Cuba  Se inició formalmente mediante decreto promulgado por el gobernador de Yucatán, Miguel Barbachano, el 6 de noviembre de 1848. Dicho decreto planteaba la posibilidad de expulsar del estado, por un lapso de 10 años por lo menos, «a todo indio que sea hecho prisionero con las armas en la mano», o bien, que habiendo apoyado a los indígenas rebeldes, no hubiese recurrido a los indultos establecidos para el caso. El decreto concretaba de algún modo las ideas que entonces formularon muchos liberales, como Lorenzo de Zavala y José María Luis Mora, quienes sostenían que, después de convertirse en ciudadanos, los indígenas debían asumir las consecuencias de todas sus acciones. Por su parte, los conservadores atribuyeron el origen de las sublevaciones a las políticas liberales que habían quebrantado el sistema colonial. Tanto los liberales como los conservadores sostuvieron una misma actitud ante las rebeliones indígenas, pues todos ellos eran partidarios de la represión. Fue así como predominó la idea de la defensa de la civilización, opuesta a lo que se consideró barbarie. La política de expatriación de indígenas se complementó con el impulso de la inmigración a cargo de las autoridades cubanas. De hecho se cuenta con testimonios que indican la presencia en Cuba de mayas clasificados como blancos, que habían llegado a la isla desde 1796. Aún antes de promulgarse el decreto de Barbachano, la intención de enviar indios a Cuba ya la habían manifestado otras personas, como el yucateco Simón Peón, quien en febrero de 1848 propuso a las autoridades cubanas la introducción de 300 a 400 indios para aumentar la producción de su ingenio de azúcar. Su propuesta fue rechazada, ya que sólo habría de beneficiar a una persona, es decir, al mismo Simón. No obstante, esta tentativa propició que el gobernador cubano Conde de Aloy, y la junta de fomento de ese país, establecieran las condiciones legales para la importación de indígenas yucatecos.

El tráfico de mayas se inició el 7 de abril del mismo año, cuando 45 de ellos llegaron a La Habana; poco después se envió a 53 individuos más, y una vez aprobada la inmigración, se permitió la entrada de otras 100 personas. Ante esta situación, el señor Buenaventura Vivó, quien era cónsul mexicano en La Habana e ignoraba los acuerdos existentes al respecto, informó al gobernador de Yucatán el propósito de un individuo llamado Carlos Tolmé, quien pretendía recoger un cargamento de indios en el puerto de Sisal. Lo mismo comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y a raíz de ello se generó una serie de protestas, a las que Justo Sierra contestó defendiendo la deportación de prisioneros a la isla del Caribe.

En tanto, La Revista Yucateca propuso que se legislase para fundar un banco dedicado a administrar los ingresos que se obtenían por la venta de indígenas. Una denuncia similar a la de Vivó fue emitida por José Antonio Mijangos, un yucateco que se entrevistó en Cuba con un grupo de mayas proveniente de la Península. Al conocer el caso, el cónsul mexicano expresó su inconformidad ante el gobernador de Cuba, pero en realidad muy poco se podía hacer, ya que los mayas portaban pasaporte del gobierno de Yucatán y contratos para trabajar en Cuba. En tanto, el gobernador yucateco ofreció a las tropas una gratificación de cinco pesos por cada indio que lograsen capturar. Ante la situación tan incómoda que todo esto significó para el gobierno de México, éste tuvo que ordenar al gobernador de Yucatán que suspendiera el envío de indígenas a Cuba y Veracruz, ya que en este último lugar habían sido llevados para participar en la construcción del ferrocarril. No obstante, al conocer los argumentos del gobernador, el presidente José Joaquín de Herrera revocó el 13 de julio dicha suspensión, que había sido formulada en abril, y el negocio se reanudó. Por este medio llegaron a ingresar 8 000 pesos a las arcas públicas, mientras los particulares dedicados al tráfico de mayas obtuvieron una cantidad equivalente, y en lo que concierne a los empresarios cubanos, éstos tuvieron una ganancia de alrededor de 32,000 pesos. Si bien suele considerarse que entre fines de 1848 y 1853 disminuyó esta actividad, el 7 de noviembre de 1849 el gobierno de Yucatán dio a conocer una orden que exigía diferenciar a los prisioneros de guerra mayas de los indios pacíficos que fuesen capturados sin otro propósito que el de su venta a Cuba.

Cuando Antonio López de Santa Anna volvió a asumir la presidencia de México, el secretario de Relaciones Exteriores supo de la expatriación de alrededor de 3,000 indios mayas a Cuba, y exigió infructuosamente su devolución al país. A pesar de este episodio, en enero de 1854 el cónsul de Baviera, Tito de Visino, representante de la compañía cubana Goicouria Hermanos, solicitó permiso a Santa Anna para contratar indios yucatecos. El entonces presidente accedió a dicha solicitud y dio órdenes al gobernador de Yucatán para actuar en consecuencia. El comercio de indios se reanudó con mayor impulso, de tal modo que el coronel Manuel García Jiménez, quien también era representante de la Casa Goicouria, propuso a Santa Anna la creación de un ejército de 200 hombres para capturar prisioneros mayas, pagándose 15 dólares por cada uno al gobierno de Santa Anna. Éste recibiría además 10,000 dólares por el conjunto de los prisioneros y 10,000 más al concluir la guerra. Se firmaron contratos similares con otras casas comerciales, como la de Zangronis, que fue cancelada debido a presiones internacionales; como Santa Anna ya había recibido un anticipo de 30 000 dólares, los representantes de dicha casa comercial formularon una demanda legal. En respuesta, el gobierno de México permitió a los empresarios cubanos la expatriación, ya no únicamente de mayas yucatecos, sino también de indios de la frontera norte del país. La Casa Zangronis obtuvo el permiso de importar a Cuba de 18,000 a 20,000 indios. Cuando en agosto de 1855 Santa Anna tuvo que abandonar la presidencia, el comercio de indios fue prohibido durante el corto lapso en que Melchor Ocampo fue ministro de la República. Sin embargo, dicha actividad no desapareció del todo, ya que el nuevo gobernador de Yucatán, Santiago Méndez, tuvo que emitir un decreto que prohibía la expatriación de huérfanos menores de edad.

Cuando Ignacio Comonfort asumió la presidencia, algunos liberales, entre los que figuraron Guillermo Prieto y José María Mata, denunciaron el tráfico de indios ante el Congreso, condena que fue secundada por la prensa liberal. Mientras, en Yucatán las sucesivas sublevaciones armadas propiciaron un estado de inestabilidad política tal que entre 1857 y 1861 tuvieron a su cargo la gubernatura, en distintos momentos, Pantaleón Barrera, Martín F. Peraza, Liborio Irigoyen, Pablo Castellanos, Agustín Acereto, Lorenzo Vargas y nuevamente Acereto. Causó escándalo el juicio que Gerardo Tizón, representante de la Casa Zangronis, emprendió en defensa de los intereses de dicha negociación, ya que involucraba a los ex gobernadores Barrera y Peraza, quienes tuvieron que revelar las condiciones de las ventas efectuadas por ellos. En unos cuantos meses, se habían enviado a Cuba 179 varones, 106 mujeres y unos 70 u 80 niños. El entonces gobernador Liborio Irigoyen decretó la amnistía a los indios que se entregaran a las autoridades y en cambio castigaba con el destierro a los que se capturase. Por tanto, este decreto legalizaba de nuevo la trata de indios. Además, el gobernador acusaba de esclavistas a sus adversarios políticos, pues les atribuía la venta de indios para allegarse fondos. El 3 de agosto de 1859 Irigoyen firmó un convenio con Juan Miguel Fusté de La Habana, autorizando la contratación de indios. Fusté entregó un adelanto de 25 000 pesos a cuenta de los prisioneros que habrían de capturarse, considerando una cuota de 130 pesos por cada uno de ellos. El convenio consideraba adicionalmente la captura de los parientes que acompañasen a los indios prisioneros, lo cual difícilmente pudiera suceder en momentos de combate. Con tal de cumplir la cuota que se acordó en el contrato, Irigoyen se hizo sospechoso incluso de haber enviado a Cuba a ocho soldados de un batallón cuya disolución había solicitado poco antes. El presidente Juárez manifestó un enérgico rechazo respecto de esta situación, pero no pudo intervenir directamente, ya que su gobierno se había trasladado a Veracruz en condiciones muy difíciles. De este modo, Pablo Castellanos, quien sustituyó a Irigoyen al frente del gobierno del estado, firmó otro contrato con la Casa Pou y Cía., en que ésta asumió el compromiso de pagar 60,000 pesos al gobierno de Yucatán, 11,000 a un acreedor y 5,000 pesos a la Casa Fusté en calidad de indemnización.

Los cambios en el gobierno de Yucatán se acompañaban de una sustitución de las casas comerciales de Cuba que tenían a su cargo los contratos respectivos. Dichas casas intervenían además en los asuntos internos de Yucatán, en la medida que financiaban sublevaciones de manera clandestina y contribuían a la prolongación de la guerra. El tráfico de indios se incrementó a tal punto, que incluso particulares participaron en él. Sin embargo, el gobernador no toleró dicha participación, ya que prohibió nuevamente la expatriación de huérfanos a Cuba, lo mismo que toda intervención en el negocio que no fuera la suya propia. El 15 de octubre de 1859 Agustín Acereto asumió la gubernatura y, si bien promulgó una amnistía a favor de los indios que depusieran las armas, también organizó una expedición, encabezada por su hijo Pedro Acereto, la cual se dirigió a Chan Santa Cruz, capital de los rebeldes. Cuando la tropa llegó a Chan Santa Cruz, ésta había sido evacuada. De improviso, los mayas sitiaron a los soldados que se encontraban ahí, de tal forma que no pudieron hacer frente al ataque y huyeron a Tihosuco en busca de refugio. Apenas sobrevivieron 600 hombres de la tropa de casi 3 000 que había enviado Acereto, quien, con tal de cumplir los compromisos contraídos con la Casa Pou y Cía., promovió la captura de indios pacíficos. Sin embargo, un grupo de hacendados publicó en el periódico El Constitucional un artículo que denunció el tráfico como un atentado en contra de los intereses del estado, aunque esta denuncia pretendía defender más bien los intereses particulares de sus redactores. Éstos eran propietarios de fincas henequeneras que resentían la escasez de fuerza de trabajo, ya que era enviada a Cuba. Juárez envió a Yucatán al periodista Joaquín Villalobos para que le informara acerca de la situación imperante en el estado.

El vicegobernador Anselmo Cano invalidó los contratos acordados con los empresarios cubanos; sin embargo, no pudo continuar su labor, ya que una nueva rebelión colocó a Acereto en la gubernatura que apenas unos meses antes había perdido. En aquellos días, Juárez había instalado su gobierno en la Ciudad de México y Acereto trató de congraciarse con él; con esa intención, le ofreció someterse a las leyes y manifestar una conducta inequívocamente liberal. También creyó conveniente enviar un comisionado suyo para que se entrevistara con el presidente. Dicho comisionado resultó ser Nicanor Contreras Elizalde, cuyo hermano Pedro era amigo y yerno de Benito Juárez. Juárez expresó, por conducto de Zarco, su condena categórica respecto del tráfico de indios. La misión de Contreras resultó un fracaso. Acereto proponía en su proyecto concentrar a los mayas en la isla de Cozumel y habilitar allí un puerto para transportarlos a Cuba. Lo que Acereto no supo es que Juárez solicitó un informe al general Juan Suárez y Navarro acerca del comercio de mayas en Yucatán. El informe lo recibió Juárez el 12 de abril de 1861 y el 6 de mayo expidió un decreto que prohibió por completo dicho tráfico, e impuso castigos muy severos a los infractores de estas disposiciones legales, dando término a ese escandaloso comercio.