Medicina legal o forense  Esta aplicación de la medicina era practicada a veces, a partir de la conquista de América, por los médicos militares, ya que eran los únicos médicos oficiales con que en ocasiones se contaba. Esta práctica se continuó durante toda la época colonial. Se creó en el siglo XVIII una institución llamada Protomedicato, que tenía a su cargo algunas resoluciones del orden oficial, pero sólo la hubo en México, como capital del virreinato de la Nueva España. Sin embargo, a principios del siglo XIX, el doctor Cipriano Blanco fue nombrado subdelegado del Protomedicato en Campeche, pero poco después de la Independencia esa institución fue derogada.

En Mérida, a partir de 1804, las actuaciones oficiales quedaron a cargo del doctor Alejo Dancourt hasta 1834, en que pasaron a responsabilidad del doctor Ignacio Vado Lugo por su cargo de director de la Escuela de Medicina, hasta 1853 en que falleció. Después del triunfo de las fuerzas republicanas sobre las imperialistas, el 12 de octubre de 1873 se promulga una nueva Ley de Instrucción Pública, que la prensa comentó en esta forma: «considerada la medicina en sus multiplicadas aplicaciones a las funciones del gobierno, ha recibido el nombre de Medicina Política, que se ha dividido en dos ramas: la higiene pública y la medicina legal. Son ramas que no pueden separarse de su tronco común, la medicina. Cuando el artículo 7º de la Ley Orgánica dispone que entre las asignaturas de la enseñanza en la Escuela de Medicina y Farmacia se cuenten la higiene y la medicina legal, tal disposición es sin duda muy acertada. Más cuando el artículo 6º de la misma ley manda que la enseñanza en la Escuela de Jurisprudencia comprenda la medicina legal, creemos que establece una obligación imposible». A pesar de esta opinión, se estableció. Por otra parte, se acostumbraba que si los tribunales del estado necesitaban un servicio pericial, nombraban a alguien; en el caso de heridos, se designaba a los médicos del hospital; se quiso involucrar a los profesores de la Escuela de Medicina, pero éstos no aceptaron. Por fin, el gobernador Octavio Rosado expidió un decreto el 31 de marzo de 1882 creando las plazas de médicos legistas y nombró para ello a los doctores Juan Nicoli y Fernando Casares Martínez de Arredondo. Poco duraron en el cargo, pues el 16 de noviembre de 1883 fueron designados los doctores Andrés Sáenz de Santa María y García Rejón y José Jesús Castro López; este último ocupó el cargo hasta 1907, en que renunció y en su lugar fue nombrado el doctor Juan Miró. En 1899, en la Escuela de Medicina, el doctor Sáenz ganó por oposición y en forma ad vitam, la cátedra de medicina legal. En 1917, el doctor Sáenz obtuvo una licencia, siendo suplido por el doctor José González Palma; al año siguiente hubo una importante reorganización gubernamental, creándose el Departamento Médico-Legal y designándose director general al doctor Sáenz, quien lo desempeñó hasta el 31 de diciembre de 1924. En marzo de ese año, la Sociedad Médica Yucateca realizó una sesión en la que su presidente, doctor Alberto Berrón Guerrero, presentó su trabajo titulado La Neurosífilis; a esta sesión fueron invitados los estudiantes de medicina legal de las Escuelas de Medicina y de Jurisprudencia, llegándose a la conclusión de que los neurosifilíticos que habían cometido un crimen debían ser recluidos para su curación y no puestos en libertad, con el argumento de ser irresponsables, sin tratamiento; los señores médicos legistas presentes manifestaron que ellos, en todos los informes que sobre el particular habían rendido, habían solicitado la reclusión y el tratamiento de estos enfermos; pero que no sabían, por ser este asunto de resolución judicial, por qué habían sido puestos en libertad.

Respecto de estadísticas, consignamos las que proporcionó el doctor Sáenz, de 1883 a 1924, o sea 41 años de trabajo del servicio de medicina legal: informes emitidos, 32,602; total de autopsias realizadas, 3,533, de las cuales 1,903 lo fueron en Mérida y 1,630 foráneas. En 1924, ingresó al servicio el doctor José Castro Fortuny. Por fallecimiento del doctor González Palma fue nombrado el doctor Avelino Ruiz Sansores en 1942; éste ocupó la jefatura del servicio en 1957 y se jubiló en 1968. El doctor Castro, en 1945, fue suplido por el doctor Osvaldo Riera Cardeña y éste a la vez, en 1954, por el doctor Víctor Manuel Núñez Quintal. En 1950 se aumentó una plaza más y se designó al doctor Gonzalo Marcín Cervera. En esa época, el Departamento no tenía oficina; cada médico despachaba en su propio consultorio o en su domicilio, según la hora; se carecía de vehículo, por lo que los traslados al interior del estado para efectuar autopsias los hacían en tren, en camión de línea, a caballo o a pie. En esta época, y desde varios años antes, el ayudante para realizar autopsias era el bachiller Carlos Talavera León, que se había inscrito alguna vez en la Escuela de Medicina, pero nunca aprobó el primer año; su pericia en las disecciones era notable y su sobrenombre popular, «talín», se volvió legendario. Otro gran problema era que tenían que desarrollar todo su poder de convencimiento para vencer, a veces, la actitud negativa de los lugareños para el cumplimiento de la misión; en algunas ocasiones fueron protegidos de la equivocada indignación popular, en el calabozo del lugar, mientras llegaba la orden de la Procuraduría para que se diese garantías y la necesaria escolta para abandonar el lugar.

En 1968 se jubiló el doctor Ruiz y ascendió a la jefatura del servicio el doctor Delio Aguilar Vázquez, quien hizo una reestructuración y modernización del departamento; se logró la dotación de un vehículo; se adquirió local propio en el edificio de la Procuraduría; moderno mobiliario y equipo, un escribiente y se organizaron guardias para el funcionamiento del servicio las 24 horas del día.

En 1974, la Procuraduría creó el Instituto de Capacitación para el personal, por lo que el Servicio Médico Forense dio un curso de capacitación en medicina legal a los agentes de la policía judicial. Se aumentó el número de médicos, laborando los doctores Alcocer Puga Guerrero y José Francisco Cambranis Puga. Por haber sufrido un infarto cardíaco, en enero de 1979 se jubiló el doctor Aguilar. En 1991 se fundó la Sociedad Yucateca de Medicina Forense, que agrupó a los profesionistas de esta disciplina. En 1993 era titular del servicio el doctor Luis Fernando Olivares Alcocer; se les dotó con dos ambulancias nuevas y se aumentó el número de médicos, ya que la demanda de servicios había aumentado. En 1995 asumió la jefatura el doctor Jorge Hadad Herrera.