Reyes Ríos de la Madrid, Pedro de los  (1657-1714) Obispo de Yucatán. Nació en Sevilla, España, y murió en Mérida, Yucatán. Inició estudios de jurisconsulto que abandonó más tarde para ingresar al Claustro de San Benito. Obtuvo los grados de maestro y doctor en teología. Fue predicador general y opositor de cátedras en la Universidad de Oviedo; abad de los monasterios de San Isidro Dueñas, San Claudio de León y San Benito el Real de Sevilla; predicador de Carlos II y electo obispo de Honduras, por lo que fue consagrado en la iglesia Metropolitana. Sin embargo, con la muerte del obispo electo de Yucatán, Antonio de Arriaga y Agüero, en noviembre de 1698, quedó vacante la mitra yucateca y el rey pidió que se nombrara como su sucesor a fray Pedro de los Reyes Ríos. Lo presentó al Papa Clemente XII el 11 de marzo de 1700 y el prelado llegó a Mérida el 13 de octubre de ese año. El Cabildo lo nombró gobernador de la Diócesis, mientras recibían las bulas, lo que sucedió en los primeros meses de 1701. Se presentó en la Diócesis acompañado de Fernando Hipólito de Osorno, a quien conoció en el puerto de Veracruz, y lo recomendó al gobernador y capitán general Martín de Urzúa y Arizmendi, que lo designó su teniente de gobernador y de capitán general en Valladolid.

En El Obispado de Yucatán, Carrillo y Ancona relata que Reyes Ríos emprendió su visita pastoral y de inmediato aplicó la reforma del clero con gran rigidez, tanto entre los seculares como en los regulares, al grado que despertó temor en los primeros y enfrentamiento con los segundos, pues desde tiempo atrás éstos rehusaban la jurisdicción de los obispos. En el año de 1701 visitó la Catedral y parroquias de Mérida, las de los partidos de la Costa, Beneficios Altos, Beneficios Bajos y toda la Sierra, además de las establecidas en la parte oriente o Valladolid. Sólo le quedó por visitar la provincia de Tabasco. Estableció nuevos aranceles, principalmente en favor de los indios, eximiéndolos de muchos tributos como las contribuciones pecuniarias y derechos parroquiales, para lo cual contó con la autorización del rey. En Cédulas Reales expedidas ese año, el monarca solicitó, además, que el prelado le informara de los procedimientos y operaciones del gobernador Martín de Urzúa relativas a las vejaciones contra los indios, así como de los excesos y vida licenciosa de los frailes. El poder otorgado al obispo despertó la ira de las autoridades civiles y del clero regular.

Un hecho que puso en evidencia el alcance de las contradicciones entre el obispo y el gobernador, fue lo que se conoce históricamente como «Los alcaldes de Valladolid», donde estuvo involucrado Fernando Hipólito de Osorno, el recomendado del obispo. Desde 1701, Osorno ya había obtenido el cargo de alcalde de primer voto y presidente del cabildo municipal de Valladolid y se había convertido en una personalidad con influencia en la sociedad vallisoletana, lo que generó envidias y sentimientos de venganza entre ciertos círculos allegados al gobernador. En represalia contra el obispo a través de su protegido, Urzúa pretendió dar al hacedor Pedro Alcayagua la encomienda del pueblo de Pixoy, que estaba vacante, en oposición a la solicitud de Rodrigo de Alcocer, a quien le correspondía por su condición de noble y descendiente de conquistadores y que además contaba con el apoyo del alcalde Osorno. La actitud de éste disgustó enormemente a Urzúa que lo destituyó de su cargo de teniente y lo encarceló bajo el pretexto de haber injurado a un sujeto. Osorno se evadió de la prisión y se refugió en el templo parroquial de la villa, donde también se guarecía Miguel de Covarrubias, un hábil tinterillo que había despertado la ira del gobernador y de sus allegados. La vida de ambos corría peligro, ya que los nuevos alcaldes designados, Miguel Ruiz de Ayuso y Francisco Tovar y Urquiola, eran sus principales enemigos. El drama culminó la noche del 15 de julio de 1702 cuando los dos alcaldes, al frente de 156 hombres armados, sitiaron y asaltaron la iglesia, apresaron e hirieron a los guarecidos y los asesinaron en la cárcel pública. El obispo y un tío carnal de Osorno emprendieron cuantas gestiones estuvieron a su alcance para que el crimen no quedara impune y acusaron al gobernador Urzúa como responsable directo ante la Real Audiencia de México. El virrey y la Real Audiencia dictaron la deposición de Urzúa de su cargo de gobernador y fue enviado preso a la Ciudad de México, de donde se trasladó a Madrid para luchar porque se anulara la acusación. Álvaro de Rivaguda fue nombrado gobernador interino. Mientras Urzúa maniobraba en Madrid para salvarse, los alcaldes Ayuso y Tovar fueron sentenciados a la pena de garrote y sus cuerpos colgados en la reja de la cárcel pública. Sus cómplices —unos 30 sujetos— fueron sentenciados a diversas penas, como el destierro perpetuo en La Florida, la prisión o el azote, entre otras. Urzúa logró, por su parte, que el Supremo Consejo de Indias lo desligara de los hechos y el rey amonestara severamente al obispo mediante la expedición de una cédula real fechada el 10 de julio de 1704.

Respecto de los graves enfrentamientos del obispo con los frailes franciscanos, Justo Sierra O’Reilly documentó el más grave: el relacionado con el provincial Bernardo Rivas. La historia se inició cuando el obispo expulsó de la provincia al fraile, debido a las intrigas y al clima de violencia que éste estaba promoviendo entre el clero regular por las medidas que había tomado el prelado y que afectaban a los franciscanos. Rivas dejó el provincialato el 4 de febrero de 1702, pero lo sustituyeron los padres Domínguez y Cortés, ambos sus incondicionales. Al mismo tiempo, en franco desacato a la autoridad del obispo, el guardián fray Alonso de Valverde —quien más tarde sería provincial— exigió a los indios más obvenciones de las establecidas por el arancel de párrocos y se negó a obedecer la orden del prelado de devolver el exceso so pena de excomunión. Reyes Ríos decidió aprehender a Valverde y lo encerró en la casa episcopal, de donde intentó liberarlo con lujo de violencia fray Bernardo Rivas. El conflicto se agudizó con el paso de los años, al grado tal que, en 1708, desde España se envió a un visitador para que investigara los hechos, pero regresó rápidamente por no poder actuar contra las complicidades y resistencia de los franciscanos.

Detrás de los enfrentamientos también estaba el afán de los franciscanos por conservar las doctrinas. En uso de la Real Cédula del 2 de octubre de 1701, de los Reyes Ríos decidió secularizar las que beneficiaban a los franciscanos, y nombró a tres clérigos para administrar los curatos de Maxcanú, Bécal y Calkiní. Para llevar a cabo la secularización solicitó el auxilio del gobernador, en ese entonces Fernando Meneses Bravo de Zaravia, pero el funcionario fue sobornado por Rivas y en consecuencia no prestó la ayuda necesaria. En respuesta, Reyes Ríos excomulgó de inmediato al padre provincial e hizo pública la censura. Finalmente, la confrontación trascendió al orden público a partir de que el alcalde de Valladolid, Felipe Sierra O’Reilly, se declaró abiertamente partidario del obispo, fue apresado por órdenes del gobernador y encerrado en un calabozo de Mérida, de donde se fugó. En ese tiempo llegó una orden para que el padre Rivas, el provincial González y otros religiosos marcharan a la Ciudad de México, acción que se ejecutó, pero allá lograron que el obispo perdiera ante el Metropolitano el litigio sobre censuras.

En los últimos años de su pontificado, Reyes Ríos visitó la provincia de Tabasco y ayudó a su provisor y vicario general, Gaspar de Güémez, para la fundación del Seminario de San Pedro, que el rey lo autorizó en cédula real de fecha 20 de abril de 1711. Con la fundación de esta institución educativa, se impulsó considerablemente la Universidad de Mérida. El obispo falleció el 6 de enero de 1714 y fue enterrado en la capilla del Cristo de las Ampollas, en la Catedral.