Revolución Mexicana en Yucatán

Revolución Mexicana en Yucatán  El inicio de la Revolución Mexicana en Yucatán se considera desde la insurrección de Valladolid, movimiento que si bien no formó parte de la estrategia de lucha planteada por Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, visto en el contexto general de las luchas regionales contra la dictadura de Porfirio Díaz, quedó registrado como uno de los antecedentes locales de la Revolución convocada por Madero para el 20 de noviembre de 1910. El 4 de junio de 1910, en la ciudad de Valladolid, a través del Plan de Valladolid o de Dzelkoop se llamó a desconocer al gobierno de Enrique Muñoz Aristegui por ilegal; se nombró una junta gubernativa compuesta de siete personas para salvar al estado de la ruina que lo amenazaba; la junta sería nombrada por el jefe de la Revolución y, se nombró como caudillos de ésta a los coroneles Maximiliano R. Bonilla y José Crisanto Chí, a quienes concedieron las facultades necesarias para salvar al estado. Los firmantes del Plan fueronlos coroneles Maximiliano R. Bonilla y José Crisanto Chí; el teniente coronel Juan de Mata Pool; el mayor José Candelario May; capitanes Teodoro Núñez, José Antonio Balam y Juan Bautista Pec; tenientes Mónico Tus y Lázaro Báez y capitán ayudante y secretario Miguel Ruz Ponce. A ellos se suman como principales dirigentes Víctor Montenegro, Claudio Alcocer, Donato Bates, Atilano Albertos, José E. Kantún y Crescencio Jiménez Borreguí.

Puede decirse que la inconformidad tuvo entre otras causas, las elecciones de 1909 para gobernador constitucional, para el período del 1 de febrero de 1910 a 1914, en las cuales contendieron Delio Moreno Cantón por el Centro Electoral Independiente y José Ma. Pino Suárez por el Partido Nacional Antirreeleccionista. Pero Porfirio Díaz determinó que Aristegui continuara al mando. La rebelión de Valladolid fue enfrentada con cambios inmediatos en la administración, se designó al coronel Ignacio Lara como jefe político de esa ciudad, y militarmente, el gobierno federal envió al X batallón de línea de 600 soldados, comandado por el coronel Ignacio Luque. A pesar de que los rebeldes lograron reunir una fuerza de cerca de 1,500 elementos, ésta fue rápidamente sofocada por tropas federales y locales entre otras causas, por falta de dirección, de propaganda de la rebelión, de arraigo popular y por haberse fortificado en una plaza sin condiciones estratégicas. La derrota de la rebelión no fortaleció al gobierno de Muñoz Aristegui, por el contrario, Yucatán se sumió en una inestabilidad política, generada principalmente por el fraude electoral y la represión.

Esta situación tomó un giro diferente a partir del 10 de mayo de 1911, en que cayó Ciudad Juárez en poder de las fuerzas maderistas y Madero fue designado presidente provisional, a ello se sumaron los Tratados de Ciudad Juárez donde se firmó la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia y la del vicepresidente Ramón Corral, porque a raíz de esto Pino Suárez retornó a Yucatán como gobernador interino. Convocó a nuevas elecciones para elegir gobernador constitucional en las cuales contendieron Delio Moreno Cantón por el Partido Liberal y el mismo Pino Suárez por el Centro Electoral Independiente, quien salió favorecido. El cargo lo ocupó del 17 de octubre al 15 de noviembre de 1911, por la solicitud de licencia indefinida al ser electo vicepresidente de la República y designar como gobernador interino a Nicolás Cámara Vales.

A consecuencia del golpe de estado encabezado por los militares porfiristas Victoriano Huerta, Bernardo Reyes, Félix Díaz y Manuel Mondragón, Madero fue destituido y asumió la presidencia Huerta, y en Yucatán, Cámara Vales lo fue por el hacendado Arcadio Escobedo. Ante los cambios que se operaban en el centro, las diversas fuerzas políticas del estado identificadas como molinistas, cantonistas y peonistas no lograron por sí solas o en alianza crear un poder político más estable, lo que reflejó la división política interna. Ejemplo de ello es que en un período de cuatro años, de 1911 a 1915, fueron 15 los gobernadores. Los dos primeros gobernantes carrancistas Eleuterio Ávila y Toribio V. de los Santos no resistieron las presiones del grupo económico y político más fuerte, representado por Olegario Molina que aprovechó la inconformidad generada por los préstamos forzosos para la adquisición de armas, el reclutamiento militar y la liberación de los peones acasillados, para reagrupar a los principales hacendados henequeneros. Con la llegada a Yucatán del general constitucionalista Salvador Alvarado, el 19 de marzo de 1915, se resolvieron parcialmente parte de las contradicciones internas de las principales fuerzas del estado. Con este personaje se inició un período de profundos cambios económicos, políticos y sociales.

La principal actividad económica, producción y comercialización del henequén, era controlada por Avelino Montes, representante del grupo molinista en alianza con la International Harvester; además de conservar en propiedad las principales haciendas henequeneras, se sumaban los ferrocarriles, las casas comerciales, los almacenes, los bancos y las compañías navieras. Y precisamente esta concentración económica generó contradicciones con otros grupos, las que fueron aprovechadas por Alvarado para desarticular y minar el poder del grupo molinista. Las reformas político-administrativas fueron: integrar al poder ejecutivo y a las empresas estatales como la Comisión Reguladora del Mercado de Henequén y la Compañía de Fomento del Sureste a representantes de los diferentes grupos. El propio Alvarado señala en su libro Pensamiento revolucionario: «Siempre fue para mí motivo de hondas preocupaciones el buscar consejeros y empleados que, a una sólida reputación, unieran las aptitudes necesarias. A esto se debió que, con frecuencia fueran removidos unos a otros, hasta que tuve la fortuna de que aceptaran los señores don Manuel Zapata Casares, el puesto de gerente general don Armando G. Cantón, el de jefe del Departamento de Banca y después el de subgerente general, y don Diódoro Domingo, el de tesorero… el señor Zapata Casares, por su padre y por sí mismo, posee una de las primeras fortunas de la República». Decretó la anulación de los contratos y las deudas que obligaban a los finqueros a entregar su producción de acuerdo con condiciones y precios fijados por la International; así, la Reguladora del Henequén, durante los tres años de gobierno alvaradista, garantizó a través de la venta obligatoria del henequén a ésta, el pago anticipado por kilo y un precio superior al que nunca antes se había comprado. Es importante señalar que la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, favoreció que la fibra se vendiera a un precio mayor por el aumento en la demanda. Así, la Comisión Reguladora del Henequén se convirtió en el único comprador y exportador de la fibra en Yucatán. Creó la Comisión Reguladora del Comercio y fundó el Banco Refaccionario, con lo que enfrentó el boicot financiero que intentaron los grupos afectados. Adquirió la dirección de la Compañía Ferrocarriles Unidos de Yucatán, propiedad de las familias de Olegario Molina y Avelino Montes, que incluía las bodegas de almacenamiento, y constituyó una empresa naviera que resolvió el transporte para la exportación de henequén. Estas reformas económicas le permitieron tener recursos para impulsar las reformas sociales y a su vez articular un sistema de alianzas más amplio, ahora con los sectores populares. Por principio, modificó el sistema jurídico al decretar la liberación de los servidores domésticos, la cancelación de las deudas, de las tutelas y curatutelas; el reconocimiento a los derechos laborales, incluyendo el derecho a la organización sindical y a la huelga; se reglamentó el salario mínimo, la jornada máxima, las condiciones laborales, el trabajo de menores y las indemnizaciones por accidente; el establecimiento de tribunales laborales; los jefes políticos fueron sustituidos por los comandantes militares de distrito que supervisaban a los policías municipales desarmados. En el campo de la educación impulsó la creación de 1,000 escuelas primarias bajo el criterio de gratuita, obligatoria y ajena a la religión católica. Referente a las medidas agrarias no fueron de la magnitud que se presentaron en el centro del país, debido fundamentalmente a que Venustiano Carranza las frenó; lo más relevante fue la creación de 12 pueblos dotados de tierras ociosas, pero sin afectar las plantaciones henequeneras. Otras medidas que no tuvieron la misma aceptación fueron la prohibición de los juegos de azar, las corridas de toros, la venta de bebidas alcohólicas y la limitación del campo de acción de la Iglesia Católica. Entre las reformas, cabe destacar la creación del Partido Socialista Obrero, fundado el 2 de junio de 1916, y que fue organizado por los activistas de la Casa del Obrero Mundial con el auspicio de Alvarado. Partido que, en 1917, se transformó en Partido Socialista de Yucatán, y sus organismos de base se convirtieron posteriormente en las Ligas de Resistencia. La situación empezó a cambiar a raíz de la aprobación de la Constitución de 1917, pues se convocó a elecciones para noviembre con el fin de renovar autoridades gubernamentales. La intención de Alvarado fue participar como candidato a gobernador, pero Carranza lo vetó al no cumplir con el requisito de los cinco años de residencia, por lo que al dejar el gobierno permanece como comandante militar de Yucatán y posteriormente como jefe de operaciones de la región suroriental del país. Las elecciones permitieron a los grupos afectados por Alvarado organizarse a través del Partido Liberal Yucateco, que contó con el apoyo de Carranza, entre los cuales figuraban como dirigentes Fernando Mateo Estrada y Víctor J. Manzanilla, y propusieron como candidato a gobernador a Bernardino Mena Brito. El triunfo fue para Carlos Castro Morales, dirigente ferrocarrilero.

El ambiente político se vio afectado por la disminución en la demanda de la fibra de henequén, pues la guerra mundial había concluido y con ello provocado la baja en los precios y menores recursos para el presupuesto gubernamental. A esta desventaja económica, se sumó la presión de algunos grupos que demandaban eliminar a la Comisión Reguladora y establecer el mercado libre del henequén; una de las acciones para ello fue la denuncia en contra de la Comisión hecha por Enrique Aznar Mendoza, Lorenzo y Gerardo Manzanilla, quienes exigieron la devolución de 86 millones de dólares que se consideraron propiedad de los consumidores estadounidenses y que se habían transferido a Yucatán con los altos precios que la Reguladora cobró entre 1915 y 1918. La demanda fue ganada por el gobierno yucateco. La situación política no fue menos fácil, cercana la sucesión presidencial para 1920, Yucatán se vio afectado por este acontecimiento. Mientras Carlos Castro Morales apoyó al candidato de Carranza, Ignacio Bonilla, el Partido Socialista del Sureste, del que su presidente era Felipe Carrillo Puerto, apoyó al sonorense Álvaro Obregón. Esto causó el rompimiento de Carranza con Carrillo Puerto, que le dio oportunidad al primero de intentar acabar con el Partido Socialista, mostrándose sensible a las peticiones y acusaciones de la Asociación de Hacendados Henequeneros contra lo que llamaban el caos socialista de Yucatán. Además de brindar su apoyo al Partido Liberal en las elecciones para diputados locales a celebrarse en noviembre de 1919 y así garantizar el triunfo, Carranza inició la persecución y represión de los socialistas, y hacia julio de 1919 ordenó al gobernador Castro Morales decretar la cancelación de los contratos de entrega de henequén a la Reguladora. Otra medida contra los socialistas fue la exigencia de pago por 200,000 pesos de impuestos por exportación, y a pesar del compromiso de pago hecho por el gobernador, Carranza incautó el henequén embarcado en Progreso, requisó los ferrocarriles, sacó a remate y vendió la flota naviera.

La situación, sumamente difícil, se complicó por el relevo del general Hernández, quien pretendió mantenerse neutral en la contienda electoral y con ello puso en peligro el triunfo del Partido Liberal por el general Isaías Zamarripa, que acentuó la represión hasta hacer salir hacia Nueva Orleáns a Carrillo Puerto, quien se unió a Obregón, Calles y de la Huerta en contra de Carranza, con el Plan de Agua Prieta. Al triunfo de los sonorenses y la caída de Venustiano Carranza, se generaron condiciones favorables para el movimiento socialista en Yucatán. Felipe Carrillo Puerto retornó a Yucatán en 1920 y se dedicó a la reconstrucción del Partido Socialista y a combatir al Partido Liberal Yucateco. Además, inició una política de alianzas que incluyó a los caciques locales con un trato preferencial a cambio de su lealtad y el apoyo de sus bases. Buscó el apoyo de un número de hacendados medianos y pequeños afectados por las deudas contraídas con los grandes hacendados,así como el apoyo y trabajo directo en su administración de uno que otro de los grandes hacendados, como Tomás Castellanos Acevedo, quien fungió como gerente de la Comisión Exportadora de Yucatán, Ricardo Molina, quien fue agente de la Comisión Exportadora en el Extranjero y Felipe G. Cantón, consultor del proyecto turístico gubernamental. El reparto agrario le valió la lealtad de amplio número de campesinos; la reforma laboral que benefició a los trabajadores al establecer el salario mínimo, jornada máxima de ocho horas y semana inglesa.

Junto con las alianzas también hubo oposición a las medidas económicas, como el control de producción y precio de la fibra de henequén, el reparto agrario, las reformas laborales, la educación racionalista, la campaña de aprobación al aborto, el divorcio rápido y los derechos de la mujer. Mención especial merecen las Ligas de Resistencia, por ser uno de los puntales más importantes del gobierno de Carrillo Puerto y del Partido Socialista, en su trabajo de articular a los trabajadores urbanos y rurales. El ambiente político y social se tensó como nunca antes cuando por el decreto 420, emitido el 28 de noviembre de 1923 y relativo a la ley agraria, se dispuso que las Ligas de Resistencia o cualesquiera asociaciones de trabajadores de campo que solicitasen las tierras abandonadas para trabajarlas, éstas podían ser incautadas y expropiadas en favor de los campesinos. La inconformidad con esta medida se expresó casi de inmediato, cuando al golpe de Adolfo de la Huerta contra el gobierno de Álvaro Obregón, a fines de 1923, se desencadenó la persecución y violencia contra los socialistas.

Lo inestable y débil de la alianza entre el gobierno y el ejército se hizo evidente al apoyar este último la rebelión delahuertista Hacendados y militares caminaron juntos en esta empresa, nombraron al coronel Ricárdez Broca, gobernador y comandante militar, quien a su vez nombró un gobierno provisional y una junta de administración civil en la que figuró Gustavo Molina Font. Felipe Carrillo Puerto, al no poder enfrentar militarmente la revuelta, decidió huir y en este intento fue apresado y fusilado en la madrugada del 3 de enero de 1924. Este último hecho dentro de la historia de Yucatán ha sido causa de gran polémica por la posible participación de algunos hacendados al pagar el precio de 200 000 pesos por la muerte de Carrillo Puerto. La rebelión delahuertista fue sofocada, pero la oportunidad de minar al movimiento socialista de Carrillo Puerto siguió presente y el estado entró en un nuevo período. El Partido Socialista del Sureste, a la muerte de su dirigente, se dividió y el nuevo gobierno local perdió la relativa autonomía que había logrado con respecto de las autoridades federales, que se expresó en la designación de José María Iturralde como gobernador sustituto, apoyado por el presidente Álvaro Obregón, en contra de la legislatura local que había designado al licenciado Miguel Cantón. Posteriormente, Plutarco Elías Calles pidió a Iturralde renunciara a la presidencia del Partido Socialista, para ser entregada a Bartolomé García Correa de filiación callista. De esta manera se inició desde el centro el control político del Partido Socialista, que en otro tiempo fue la fuerza articuladora y motora de la organización social del estado. A partir de este momento se integró en un proceso más o menos rápido al aparato estatal, con lo que se garantizaba la lealtad a Calles, y los hacendados lograron un mayor acercamiento, reconocimiento y aceptación de sus medidas por parte del gobierno local y federal como la empresa Henequeneros de Yucatán, que sería la encargada de coordinar a hacendados, comuneros y ejidatarios y resolver lo relacionado con la producción y comercialización del henequén. Así, el estado entró en un momento en que los elementos de los que partió su integración al proceso de la Revolución Mexicana estaban ya controlados. Sin embargo, hay dos hechos que todavía pueden inscribirse en este contexto de movimiento social por los actores participantes. Es a raíz de las reformas agraria, social y económica anunciadas por Lázaro Cárdenas en su discurso de toma de posesión, el 30 de noviembre de 1934, y más adelante impulsadas, de las que saldrían afectados gran parte de los hacendados y por las que opondrían férrea resistencia. A ésta se sumaron los movimientos populares que llevaron a la renuncia de dos gobernadores: César Alayola y Fernando López Cárdenas. Con el asesinato de Rogelio Chalé, el 6 de septiembre de 1936, que intentó revivir las Ligas Gremiales como instancia de organización, a propósito de las reformas impulsadas por Cárdenas, se cierra el capítulo de la Revolución Mexicana en Yucatán.