Ferrocarrileros  A fines del siglo pasado se constituyeron varias empresas para construir vías férreas. La primera línea que se terminó fue la de Mérida a Progreso, cuyo empresario, José Rendón Peniche, pasó muchas dificultades para lograrlo. Después de que las demás líneas entraron en uso, en 1902 se fusionaron todas y surgió una sola compañía llamada Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Los trabajadores fundaron en 1911 la Unión Obrera de Ferrocarrileros y plantearon el establecimiento de una jornada máxima de trabajo de ocho horas, pero cuando se declararon en huelga, su movimiento fue reprimido por el ejército; sin embargo, lograron aumento de salarios. En 1913, el gobernador interino, general Prisciliano Cortés, separó de sus puestos y encarceló a 13 trabajadores, entre ellos Héctor Victoria, Diego Rendón y Manuel Mier y Terán. Al asumir la gubernatura el general Salvador Alvarado, en 1915, incautó los ferrocarriles, que fueron manejados por el gobierno durante los dos años siguientes. El gremio ferrocarrilero fue uno de los pilares en la fundación del Partido Socialista del Sureste, por lo que fue obteniendo diversos logros: el 15 de septiembre de 1920 se inauguró el modesto sanatorio Rendón Peniche, exclusivo para ellos. El 16 de diciembre de 1921, la Liga de Ferrocarrileros Torres y Acosta celebró con la empresa el primer contrato colectivo, que garantizaba los derechos de los trabajadores; contrato que a la larga y después de una fracasada huelga política declarada en junio de 1922, ocasionó la desaparición de la Unión Obrera de Ferrocarrileros, quedando como genuina representante la Liga Torres y Acosta. A consecuencia de ese movimiento se produjeron actos delictuosos, pues el 24 de mayo de 1922 fueron asesinados los trabajadores Gregorio Misset, Claudio Sacramento y al siguiente día Pomposo de la Fuente; esto fue aprovechado por la empresa para hacer otro reajuste de personal. Poco después el gremio obtiene su registro como Sindicato Ferrocarrilero Peninsular.

En 1930 hubo un enfrentamiento con la empresa, que rebajó personal y salarios, por lo que el sindicato formó un Comité Impulsor de Economía, presidido por Alejo Reyes Preve, que demostró que había muchos gastos superfluos, que los ingresos bastaban para el pago de personal, que había numerosos empleados fuera del presupuesto y colocados por órdenes de los gobernadores, aparte de que éstos disponían a su antojo de los fondos económicos de la empresa. En realidad desde 1921 el gobierno federal había hecho notar los abusos, malas operaciones y continuo endeudamiento de la empresa, todo lo cual fue confirmado por el informe del comité y originó en 1933 nuevas reclamaciones del sindicato contra la empresa y el gobierno. Ante la situación reinante, el 14 de agosto de 1935 se firmó un convenio con el gobernador César Alayola Barrera por el cual el gobierno federal daría un nuevo empréstito de 500,000 pesos, con la condición de que el directorgerente sería propuesto por el presidente del país y que el consejo de administración estaría integrado en partes iguales por ambos gobiernos, pudiendo la federación nombrar a un consejero perteneciente al sindicato. Mientras se tramitaba la aprobación del convenio, el 20 de septiembre de 1935, el sindicato planteó un pliego petitorio que incluía, entre otras, que el Consejo de Administración se integrara por representantes de los trabajadores libremente elegidos, que se reglamentaran las jornadas de los que trabajaban 249 horas al mes y que se repusiera en sus empleos a Alejo Reyes Preve, Gonzalo Lizarraga y Francisco Encalada, cesados por pertenecer al Comité Impulsor de Economía. Al no haber ninguna respuesta, la huelga estalló el 2 de septiembre de 1935, motivo por el cual fue sustituido Alayola Barrera y el día 6 tomó posesión como gobernador Fernando López Cárdenas, quien formuló algunas propuestas para terminar el conflicto, que fueron rechazadas por el secretario general del sindicato, César González Inurreta, pero invitaba a tener pláticas, lo cual aceptó el gobernador y el día 9 de octubre de 1935 se firmó un convenio por el que se entregó la administración al sindicato y se nombró director general a Alejo Reyes Preve. Por motivos políticos, a fines de 1939, un grupo de ferrocarrileros que en 1937 había sido desplazado, se apoderaron del sindicato y con el apoyo del gobernador Canto Echeverría desconocieron el convenio de 1935, repartiéndose la integración del Consejo de Administración. El 2 de junio de 1950, la agrupación local se incorporó al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, constituyendo la sección 37.

En 1958 la administración fue intervenida por la SCOP y en 1968 se decretó la incorporación del Ferrocarril del Sureste a los Unidos de Yucatán, formándose una nueva empresa que se denominó Ferrocarriles Unidos del Sureste.

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