Valdés de Osorio, García de, conde de Marcel de Peñalva  (¿-1652) Nació en la villa de Cangas de Tinero, Asturias. Sus padres fueron García de Valdés y María de Tinero. Vino a la Nueva España en el séquito del obispo de Puebla e inquisidor de México, Gutierre Bernardo de Quirós, tío de García de Valdés. Hizo estudios en la Universidad de Salamanca, como colegial de San Bartolomé. Obtuvo el grado de licenciado y, ya en la Nueva España, fue nombrado por su tío como su provisor. Casó en la Ciudad de México con Margarita Beltrán de Alzate, el 12 de febrero de 1641.

En España, el rey le confirió el título de conde Marcel de Peñalva el 14 de diciembre de 1648 y más tarde el 25 de julio de 1649 le nombró gobernador de Yucatán. Se trasladó a esta provincia con su esposa y dos de sus hijos de corta edad. Tomó posesión de su gobierno el 19 de octubre de 1650 y encontró en la Península un estado lastimoso, a consecuencia de la peste que había asolado ciudades, pueblos y villas.

Una de sus primeras medidas de gobierno fue prohibir el monopolio de maíz y su reventa a excesivo precio. Como respuesta a las críticas que recibió, procedió contra gente principal de Mérida que especulaba. Fomentó el ingreso público; se empeñó en defender las costas y puertos, especialmente Campeche, mediante diversas medidas. Además de mantener una fragata que vigilara constantemente la costa, mandó sembrar en las playas una arboleda espesa para dificultar el desembarco de los piratas y en San Tomás levantó una trinchera de argamasa lo suficientemente alta para que defendiese a la población. También favoreció al comercio campechano persuadiendo al rey de no ser cierto el contrabando que se le atribuía.

Tuvo dificultades con los encomenderos por quitarles ciertos privilegios que habían obtenido de gobernadores anteriores. Durante su mandato, llegó en mayo de 1651 el nuevo obispo Domingo de Villaescusa Ramírez y Arellano, que había sido obispo de Chiapas durante 10 años, antes de ser trasladado a Yucatán.

García de Valdés pretendió frenar la especulación y el abuso en el comercio de productos con los indígenas, con la prohibición de esta actividad. Esta medida disgustó a muchos, pues representaba un perjuicio para el comercio local que estaba en manos de traficantes y especuladores. Su intención quedó desvirtuada al nombrar agentes suyos que proporcionaran a los naturales cuanto necesitaran a cambio de los frutos de la tierra o de su industria, lo que venía a ser lo mismo que hacían los comerciantes particulares. Fue sumamente criticado por estas medidas.

El hambre se presentó de nuevo en la Península y el gobernador quiso saber cuántas reservas de maíz había en los pueblos. Comisionó algunos colaboradores para esta misión. La medida fue contraria a la intención de prevenir el hambre, pues en los pueblos se ocultó todo, guardaron las semillas en cuevas que con la humedad se descompusieron. Los comisionados reportaron la escasez de reservas y ante las dificultades de traer alimentos por tierra o por mar, se desató el hambre con mayor intensidad, sembrándose la desolación.

El gobernador convocó a una asamblea con la gente de mayores posibilidades con el fin de encontrar las medidas conducentes que aliviaran la situación. Nadie se atrevió a reprobar los repartimientos que hacía el gobernador para lograr la reducción de los naturales ni hacer otro señalamiento por lo que la junta fue un fracaso.

En septiembre de 1651, la Inquisición de México, por medio de su comisario fray Gerónimo de Prat y Viamonte, nombró como alguacil mayor de la Inquisición al hijo mayor del conde de Peñalva, hecho que fue de particular agrado para el gobernador.

El conde de Peñalva tuvo algunas dificultades con el obispo Ramírez de Arellano, que fueron solucionadas por la prudencia del obispo. Así fue cuando éste comunicó la visita que haría a su diócesis. El gobernador al oponerse, argumentó que representaría una carga para los pueblos y el obispo manifestó que no sería gravosa su visita ya que socorrería con limosnas a los pueblos necesitados moral y materialmente. La visita se redujo a Valladolid y Tekax, ya que el obispo, por su edad y atribulaciones contrarias a su carácter apacible, necesitó de un descanso y regresó a Mérida. Murió después de unos días de fiebre de tabardillo y el 2 de julio de 1652 fue sepultado en Catedral.

En el último año de su gobierno, se descuidaron mucho las costas y la defensa contra los corsarios. Se desorganizaron las milicias y los agresores aprovecharon para iniciar de nuevo sus asaltos y correrías. Un mes después de la muerte del obispo, el conde de Peñalva moría en Mérida el 1 de agosto de ese año.

La Audiencia de México envió al licenciado Juan de Contreras y Garnica, alcalde de Corte de México, para residenciar la administración del conde de Peñalva, cuya familia fue detenida en su casa y sus bienes secuestrados.

Ésta sacó de prisión a la viuda e hijos y embargó bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio. Dictó sentencia de estos cargos: permitir el servicio personal no obstante que las reales cédulas lo prohibían, y cobrar a los indios el derecho en la configuración de empleos por elección anual, pero el Consejo de Indias lo absolvió de este cargo; haber depuesto de sus cargos a Pedro Díaz del Valle, secretario y escribano mayor de Gobernación y Guerra y a Francisco Crespo de Morales, defensor de indios, y haber puesto a amigos suyos; haber prohibido a los traficantes el comercio de indios; de estos dos cargos el Consejo de Indias lo absolvió de culpa y pena; haber nombrado a su pariente Gutierre de Tineo Osorio como teniente capitán general de Valladolid, no obstante estar prohibido por cédulas reales. El juez lo condenó imponiéndole una multa de 2,442 pesos, como indemnización a los pueblos que habían sufrido perjuicios. El Consejo modificó a 2,000 pesos el pago que debían hacer sus herederos.

Se acusaba también a la condesa de Peñalva de rescatar de los indios por medio de sus criados, los géneros y frutos de sus cosechas. El juez la condenó imponiéndole el pago de la residencia hasta la cantidad de

6,000 pesos. El Consejo de Indias revocó éste, y absolvió a la condesa de pena y culpa. Los 2,000 pesos de multa impuestos al difunto conde de Peñalva fueron pagados en México por la condesa, levantándole entonces el embargo que se había hecho de sus bienes.