Urzúa y Arizmendi, Martín de

Urzúa y Arizmendi, Martín de  (¿-1715)  Nació en Arizcún, en el Valle de Bastán, Navarra, España, y allí fue bautizado el 22 de febrero de 1635. Sus padres fueron Juan de Urzúa y María de Aguirre. Su tío abuelo, Pedro de Urzúa y Arizmendi, conde de Jerena, fue almirante de las armadas que hacían la travesía a Las Indias y bajo su protección  vino a la Nueva España. En 1686, casó en la Ciudad de México con Juana Bollio y Ojeda, hija del oficial de la real hacienda de Yucatán Santiago Bollio, natural de Génova, Italia. Martín de Urzúa y Arizmendi fue sargento mayor de la plaza de México y alcalde ordinario de ésta en 1694.

El nombramiento para gobernar Yucatán como propietario le fue expedido el 17 de septiembre de 1690. Fue nombrado gobernador interino por el virrey conde de Gálvez al ser depuesto Roque Soberanis y Centeno por el oidor Francisco Sarasa.

Urzúa y Arizmendi tomó posesión del gobierno de Yucatán el 12 de febrero de 1695. En ese mes de febrero moría el obispo Juan Cano y Sandoval después de servir a su diócesis por 11 años. Urzúa y Arizmendi inició su gobierno al organizar la expedición que salió a la conquista del Petén-Itzá. Pidió a los ayuntamientos, al provincial de los franciscanos y al gobierno del obispado, sede vacante, apoyo y cooperación. Lo animaba también el hecho de que el gobernador de Guatemala había iniciado la reducción y apertura de esta provincia hacia Campeche. Tuvo noticias de la peligrosidad de los indígenas del Petén-Itzá, pero no se arrepintió de la empresa.

El 1 de julio de 1695 salió una expedición al mando del capitán García de Paredes, junto con el subteniente José Fernández  Estenoz  y el ingeniero Zezera. También iban los misioneros Juan de San Buenaventura, José de Jesús María y Tomás de Alcocer, costeados por la provincia franciscana.

La expedición logró abrir 86 leguas de camino y se redujo a los grupos de indígenas que encontraron a su paso por medios pacíficos, pero al llegar con los Itzaes el comportamiento hostil de éstos hacia los misioneros ocasionó que los españoles tuvieran que usar la fuerza militar. Urzúa y Arizmendi no pudo lograr la conquista del Petén-Itzá por el pleito que le suscitó Roque Soberanes y Centeno, quien, absuelto por la Audiencia de México y vuelto a ocupar el puesto de gobernador en 1696, pretendió que a él le correspondía terminar tanto el camino hacia Guatemala como la conquista hacia el Petén-Itzá y trató a toda costa de desacreditar a Urzúa. Ambos escribieron al rey, quien ordenó a Soberanes facilitase y auxiliase en todo a Urzúa.

En enero de 1697, Urzúa inició de nuevo la campaña. Intentó la conquista del Petén por medios pacíficos, pero no logró su objetivo. Utilizó la fuerza militar y logró establecerse en la isla del Petén a la que le dio el nombre de Nuestra Señora de los Remedios y San Pablo del Itzá. Con la ayuda de Pedro de Zubiaur se logró finalizar el camino que conducía de Yucatán a Guatemala. La conquista del Petén llenó de júbilo al gobierno de Guatemala, pues había costado muchas vidas, dinero y esfuerzos.

Urzúa construyó un fuerte en la parte alta de la isla y recibió dinero de la Audiencia de Guatemala  para el mantenimiento de la guarnición. Su jefe de milicia José de Fernández y Estenoz, sometió a 18 poblaciones indígenas con las cuales se formó el distrito del Petén cuya capital fue Nuestra Señora de los Remedios. De regreso a Campeche, licenció a su tropa y pretendió fijar su residencia primero en Campeche y luego en Peto, para desde allí continuar mejorando el camino recién abierto. El gobernador Centeno y Soberanes, su antiguo rival político, lo mandó apresar en Campeche. Urzúa y Arizmendi apeló al virrey ante la arbitrariedad del hecho y éste le permitió permanecer en Campeche o en Hecelchakán hasta que terminara el período de gobierno de aquél.

Urzúa y Arizmendi, para consolidar su empresa, encargó al capitán Zubiaur y al ingeniero Antonio de Carbajal abrieran otro camino más corto desde el Petén a la Verapaz, lo cual se logró en breve tiempo. En esta empresa, Urzúa agotó su caudal por lo cual solicitó con insistencia al gobierno de Guatemala se encargara de la administración del Petén.

En 1698, Urzúa y Arizmendi fue nombrado por cédula real gobernador y capitán general del Petén, con total independencia del gobierno de Yucatán. Con su nuevo nombramiento, Urzúa se dispuso a marchar al Petén y en febrero ya estaba en la isla. Encontró en el abandono y la miseria tanto la capital Nuestra Señora de los Remedios, como los pueblos cercanos a ésta.

Urzúa inició los trabajos de restauración que concluyeron en un mes; recibió apoyo de la Audiencia de Guatemala para mantener la guarnición con muchas dificultades pues la resistencia indígena, lo insalubre del terreno y el clima lo hicieron complicado.

En septiembre de 1699, Urzúa y Arizmendi tomó posesión del gobierno de Yucatán como gobernador propietario. Su administración fue difícil debido a los conflictos que durante ella se suscitaron. El primero fue el deán y cabildo eclesiásticos en sede vacante sobre la posesión de diversos beneficios eclesiásticos, Conflicto que fue superado con la llegada del obispo Pedro Reyes de los Ríos y Lamadrid, quien acordó con el gobernador todo lo relativo a nombramientos, mutación y remoción de los curas de la diócesis.

Solicitó al rey el aumento de la tropa y armas para la seguridad de Yucatán y defendió las costas con embarcaciones.

Emprendió diversas campañas militares: una hacia Zacatán, en donde desalojó a los ingleses que comercializaban el palo de tinte; otra hacia Chicaná, en donde redujo a un buen número de indios, y hacia la Laguna de Términos, donde no obtuvo el éxito deseado.

El gobernador recibió órdenes del rey para que las rentas de las encomiendas proveídas en personas que residiesen en España, ingresaran a las Cajas Reales. Esto alarmó mucho a la población, ya que se pensaba que el paso siguiente serían las encomiendas de los pobladores. Urzúa abogó por los encomenderos ante el rey, señalándole los méritos de éstos, las epidemias que reducían sus rentas y la aportación que éstos habían dado al rey en repetidas ocasiones. La amenaza cesó cuando falleció el rey Carlos II y lo sucedió Felipe V.

También tuvo dificultades con el obispo, no obstante las buenas relaciones que tuvo con éste al principio de su mandato. La primera fue a causa de que el gobernador favoreció a los franciscanos, ante el propósito del obispo de corregir la relajación que había encontrado entre los frailes de esa Orden.

Otro asunto fue que el oidor de la Audiencia de Guatemala, Francisco Gómez de Lamadrid, había huido y al llegar a Yucatán fue hospedado por el obispo. El gobernador recibió órdenes de la Audiencia de México de apresarlo y remitirlo a México y así lo hizo en el propio palacio episcopal, por lo que el obispo excomulgó a Urzúa.

Un tercer asunto fue el de los asesinatos cometidos por los alcaldes de Valladolid en 1703, debido a las facciones políticas existentes en esa población. Uno de los asesinados, Fernando Hipólito de Osorno, había sido nombrado teniente de Valladolid por el gobernador mediante recomendación del propio obispo, quien lo había traído a la provincia.

Urzúa mandó hacer una investigación minuciosa y fueron aprehendidos los alcaldes Ruiz de Ayuso y Fernando Tovar, pero como éstos eran partidarios del gobernador, se le implicó en el caso.

El obispo excomulgó y presentó a la Audiencia de México, junto con un tío de Osorno, una acusación contra los alcaldes, sus cómplices y el propio gobernador. Al asesor del virrey le tocó practicar la averiguación y la Audiencia determinó la suspensión del cargo a Martín de Urzúa hasta la sentencia de la causa. Fue nombrado gobernador interino Álvaro de Rivaguda y Luyando, quien tomó posesión en octubre de 1703.

Urzúa se dirigió a España para apelar sobre los cargos que se le imputaban. En Madrid fue reconocida su inocencia y se le ordenó que asumiera de nuevo el gobierno de Yucatán. Felipe V le concedió el título de conde de Lizarraga Bengoa y gobernó por tercera vez Yucatán, de 1706 a 1708. Al terminar su gestión, fue promovido a Filipinas como gobernador y capitán general. También fue presidente de la Real Audiencia de Manila, ciudad donde murió.